Encuentran a penitenciario muerto en una celda
Fue hallado con una sábana en su cuello. Estaba detenido por el crimen de un recluso.
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Se trata de Víctor Hugo Silva (24), cuyo abogado, Alfredo García Kalb, informó que el hecho ocurrió el viernes pasado en la alcaidía de Avellaneda, donde estaba preso desde mayo por el “homicidio calificado” de Patricio Jonathan Barros Cisneros (26).
El letrado explicó que ese día, él dialogó con Silva para comunicarle que la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Martín acababa de confirmar la prisión preventiva que le había dictado el mes pasado el juez Martín Grammático.
Luego de esa charla, el detenido fue encontrado ahorcado con un trozo de sábana atada a un metro de altura en el interior de su celda en la que estaba aislado del resto de los detenidos de la alcaidía, ocho en total, precisó el abogado.
García Kalb cuestionó las condiciones de aislamiento en las que estaba alojado Silva y que, según él, afectaron el estado psicofísico del detenido.
“En el caso de que se compruebe que fue un suicidio, habría que investigar si existió una instigación al mismo”, señaló el letrado, y agregó que el hecho por ahora está caratulado como “averiguación de causales de muerte”.
Según el abogado, la causa está a cargo del personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada de Avellaneda.
Por el crimen de Barros Cisneros también está procesado con prisión preventiva el penitenciario Miguel Víctor Gallego (35), mientras que el guardiacárcel Claudio Javier Keem (32) fue beneficiado con la falta de mérito y permanece excarcelado.
Damián Barbosa, uno de los abogados de Keem junto a su colega Gustavo Guerrero, dijo esta tarde que con la muerte de Silva “el caso se cobró una víctima más”.
En tanto, por el crimen hasta hoy permanecen prófugos otros cuatro penitenciarios que fueron imputados del hecho por el fiscal de Instrucción de San Martín Héctor Scebba.
Al igual que Keem, Gallego y Silva, los cuatro prófugos, de apellido Luna, Mario, Chaparro y Benítez, también prestaban servicio en la Unidad Penal 46 de José León Suárez al momento del crimen de Barros Cisneros.
Según determinó el fiscal Scebba, el homicidio ocurrió cerca de las 10 del sábado 29 de enero último, cuando el preso aguardaba la visita de su mujer embarazada de ocho meses.
Ese día, Barros Cisneros discutió con los guardias al enterarse de que el encuentro iba a realizarse en el patio del pabellón y a pleno rayo del sol y luego de que la mujer pasara varias horas de espera antes de poder ingresar a esa unidad carcelaria.
Ante los reclamos del interno, los penitenciarios lo esposaron y, en medio de un fuerte intercambio de palabras, lo trasladaron hasta la oficina de control, donde lo arrojaron al piso y comenzaron a golpearlo ante la mirada de otros presos y de algunos familiares que habían concurrido al lugar como visita.
Los forenses determinaron que Barros Cisneros tenía restos de gas pimienta en su nariz, ojos e incluso en la boca, que se sospecha fue arrojado por los penitenciarios.
En la autopsia realizada, se constataron más de 30 golpes en la cabeza, el hundimiento de globo ocular izquierdo y decenas de lesiones en miembros inferiores y superiores, todos ellos compatibles con una actitud de defensa por parte del detenido.
También se comprobaron lesiones en los testículos y los testigos confirmaron que al menos uno de los guardiacárceles saltaba sobre el cuerpo de la víctima, aplicando puntapiés con sus borceguíes.
Para evitar ser descubiertos por la Justicia, los penitenciarios fraguaron las declaraciones de testigos y alteraron la escena de los hechos, a tal punto que colocaron una “faca” en manos de Barrios Cisneros y, con ese mismo elemento, se infringieron algunos cortes para simular el ataque.
Al ser descubierto el crimen, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Seguridad bonaerense, César Albarracín, dispuso el relevo de la cúpula de la Unidad 46, tanto del director del penal, Leonardo Dziata, como el subdirector, Eduardo Orzusa, y el subdirector de Asistencia y Tratamiento, Mauricio Pinedo.
Además, ordenó el pase a disponibilidad preventiva a los penitenciarios que estaban bajo sospecha.
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