Documental
El asesino inconsciente
El "caso Carrera" es el eje del último film del cineasta Enrique Piñeyro y quizás uno de los tantos ejemplos en los que el abuso policial es tan aberrante como absurdo.
Por Pablo Corso
Cuando la policía no está al servicio de la comunidad y la Justicia no es imparcial, pasar por el lugar equivocado a la hora equivocada puede ser la receta perfecta para un futuro trágico. El 25 de enero de 2005 al mediodía, la Policía Federal buscaba en Pompeya a los conductores de un auto blanco que habían cometido dos robos. A esa hora y en ese barrio, Fernando Carrera (de 30 años, casado, con los papeles en regla) esperaba la luz verde para cruzar a Lanús y completar un trámite inmobiliario. Manejaba, para su desgracia, un Peugeot 205 blanco. Convencidos de que tenían al delincuente en la mira, los federales —camuflados en un 504 negro— pisaron el acelerador.
Carrera vio cómo se acercaba el vehículo destartalado. Le apuntaba un hombre de barba y pelo largo. Tuvo miedo y aceleró. El policía lo dejó inconsciente de un tiro en la mandíbula, pero Carrera seguía al volante. Así recorrió cinco cuadras sobre la Avenida Sáenz.
A esa hora y en ese barrio caminaban Edith Custodio (41), Fernanda Silva (35) y su hijo Gastón Di Lollo (6). El conductor los atropelló y murieron. Antes de chocar contra una camioneta frente a la Iglesia de Pompeya, el auto no dejó marcas de frenado. La brigada disparó 18 veces y acertó 8 al cuerpo de Carrera, que permaneció inconsciente durante una hora, hasta que lo llevaron al Hospital Penna. Demasiadas personas transitaron la escena del accidente. Algunos testigos fueron privilegiados, otros ignorados. Cuando llegó la prensa, los vecinos estaban al borde del linchamiento. Pedían que el asesino quedara tirado, que la ambulancia no se lo llevara. Los conductores de noticieros impostaban indignación.
En junio de 2007, Carrera —con heridas en la boca, el pecho, el estómago, el brazo izquierdo y las piernas— fue condenado a 30 años de prisión por robo agravado, triple homicidio, lesiones (hubo dos heridos graves), portación ilegal y abuso de armas de fuego. Once meses después, la Cámara de Casación confirmó el fallo. En diciembre de 2009, Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y Enrique Piñeyro se presentaron ante la Corte Suprema bajo la figura de “amigos del Tribunal”. Para sostener que Carrera era inocente, el cineasta adjuntó un video de 40 minutos que fue el germen de la película “El rati horror show”, que se estrena este jueves 16.
En su dictamen del 1 de julio, la Procuración General recomendó al máximo tribunal confirmar la sentencia. Aunque aceptó que nadie reconoció al condenado como autor del robo, alegó que eso “no asegura su ajenidad al hecho”. Carrera sigue preso en Marcos Paz y Piñeyro insiste en mostrar las irregularidades del proceso:
- El auto policial tenía pedido de captura.
- Tres testigos reconocieron que no vieron salir ningún disparo del 205, pero los jueces dijeron lo contrario en su alegato.
- El “testigo clave” fue Rubén Maugeri, presidente de la Asociación de Amigos de la Comisaría 34. Tenía despacho en la dependencia y libertad para moverse por la escena del crimen.
- Cuando relató los hechos a la Dirección General de Operaciones, el comisario Enrique Villar cometió un furcio extraño: “el delincuente está inconsciente… o consciente o semi-consciente”.
- Los fiscales llegaron una hora y media después. Piñeyro sugiere que en ese período la policía plantó el arma, sobre la cual no se hizo pericias.
- El juez Hugo Cataldi era director del Instituto Universitario de la Policía Federal.
- La duda no favoreció al reo. Aunque el perito de la defensa dijo que pudo haber manejado por automatismo (y que una bala como la que impactó en su mandíbula equivale a un golpe quince veces más fuerte que el de un boxeador), el Tribunal tuvo en cuenta la postura de un médico que negó esa posibilidad.
- La esposa de Carrera aceptó un abogado que se le presentó en el hospital. Fermín Itúrbide resultó ser el mismo que había defendido a los policías que en 2002 obligaron a tirarse al río a Ezequiel Demonty, que murió porque no sabía nadar.
El único antecedente de Carrera, apunta Piñeyro a Newsweek, es una denuncia de fuga del hogar a los 16 años. “Se fue con la chica con quien hoy está casado. Tiene tres hijos, auto a su nombre, negocio lícito y propio (la gomería “El cabezón”). ¿Dónde está el perfil lombrosiano del delincuente?”, señala.
“Sin duda estaba inconsciente cuando atropelló a estas personas”, dice Marcelo Saín, ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, especialista en seguridad e investigador de la Universidad de Quilmes que asesoró en la producción de la película. “La actitud de la policía fue delictiva desde el primer momento, cuando le pegaron un escopetazo sin siquiera dar una voz de alto. Lo acribillaron incluso después del choque. Este muchacho es inocente”. Piñeyro quiere volver a invertir la carga de la culpa y recuerda el artículo 269 del Código Penal: al juez que dicte resoluciones contrarias a la ley o cite hechos falsos en una sentencia condenatoria le corresponden hasta 15 años de prisión e inhabilitación perpetua.
Para el Centro de Estudios Legales y Sociales, en este caso “se evidencia tanto la vigencia de prácticas de uso abusivo de la fuerza letal como el posterior encubrimiento del hecho a través de la modificación del escenario del crimen por parte de la misma policía”.
Criticó además a la fiscalía por su “excesiva delegación de funciones” en la fuerza y por haber perdido elementos secuestrados, ser negligente en su cuidado e ignorar que varios testigos “desconocieron actas firmadas en sede de comisaría”. El CELS critica a la Justicia por no investigar “profunda e imparcialmente los hechos en los que se encuentran involucrados policías”. Un dictamen de la Defensoría porteña califica a la Federal como “la institución menos permeable a los principios democráticos en la Argentina”. En las comisarías del sur porteño, brigadas como la de Pompeya tratan de mimetizarse como vecinos comunes y usan los autos que ellos mismos secuestran. “La policía no uniformada —aclara Saín— debe evitar ser identificada, pero eso es en el marco de una investigación sigilosa”.
La policía uniformada tampoco brinda tranquilidad. ¿Cuántas personas son víctimas de disparos “accidentales” como el que mató en Bariloche al adolescente Diego Bonefoi? El último informe del CELS sobre Derechos Humanos advierte que “entre julio de 2008 y junio de 2009 se registró un aumento en el uso de la fuerza por parte de las policías y otras fuerzas de seguridad”. Murieron 140 personas, 15 más que en el período anterior. La Federal fue responsable de 47 de esas muertes, 17 más que en el lapso previo. En los últimos meses, protagonizó casos emblemáticos.
El 1 de marzo de 2009, Mauricio Vega (33) había ido a comprar gaseosas con un amigo. Policías de la comisaría 33 le dispararon en la nuca a 30 centímetros. Dijeron que estaba robando un auto y que murió en un enfrentamiento, pero las pericias determinaron que el arma “plantada” ni siquiera era apta para disparar. Cinco meses después, Claudio Paz (30) fue asesinado por efectivos de la 36. Aseguraron que se trató de un tiroteo, pero el arma “encontrada” tampoco había sido disparada.
El último procedimiento que investiga la Defensoría es casi inverosímil. El 3 de mayo de este año efectivos de la 42 interceptaron a dos amigos. Uno fue obligado a tocar llantas y tornillos que la policía había puesto en el piso. Lo amenazaron con endilgarle un delito por el cual iría preso, salvo que “arreglara”. En la comisaría, tres policías les exigieron dinero. Perdieron $ 4.400. Para cerrar el asunto, les “recomendaron” como abogado al hermano de uno de los efectivos.
No son casos aislados. Entre 1993 y 2004, el entonces fiscal Daniel Rafecas coordinó una investigación que describía 105 procedimientos fraguados, con el paso a paso de las causas armadas:
- Un hombre (“carnada”) se gana la confianza de otro y le pide que lo acompañe, con la promesa de darle trabajo.
- Viajan hasta un lugar público y la “carnada” deja sola a la víctima.
- El operativo “se dirige directamente a la persona, con resultado exitoso, seguido en casi todos los casos de la presencia inmediata de la prensa”, que toma la versión de los jefes policiales.
Así se encarceló a 164 personas, de las cuales 41 eran inmigrantes, 30 desocupados y 24 chicos de la calle. Cuando se hizo pericias sobre las “drogas”, resultaron ser yerba mate o bicarbonato de sodio.
Ese modus operandi parece tener otra expresión en el caso Carrera. La historia, apunta Saín, “es representativa de una conducta predominante en la policía argentina. En poco tiempo plantaron pruebas, arrimaron testigos y excluyeron a otros presenciales” (como los que aseguraron que, antes del choque, el motor del auto de Carrera sonaba forzado). “La Justicia argentina —agrega— tiene la gorra puesta y el poder político hace silencio”. En este contexto, Piñeyro pide “separar a la policía de Asuntos Internos, para que no se investigue a sí misma, y darle una jefatura civil”.
El caso Carrera está en la Corte y Raúl Zaffaroni ya vio grabaciones de los testigos reconociendo que no lo habían visto disparar. “Quedó muy impresionado”, asegura Guadalupe, que espera al esposo (“un pibe muy familiero, que casi no salía de casa”) junto a sus hijos, de 16, 13 y 7 años. No es demasiado optimista: “Hay muchos policías y jueces involucrados; por lo menos queremos que le bajen la pena”. Su abogado, Federico Ravina, en cambio, tiene “la plena esperanza de que la Corte haga una verdadera revisión de todo lo que pasó. No sólo se trata de justicia para Fernando sino, sobre todo, para las tres víctimas fatales”.
Mientras tanto, Carrera estudia Derecho y trabaja en la granja de Marcos Paz. Asegura que nunca tuvo un arma y que su único error fue escapar al pensar que lo estaban asaltando. Lúcido a pesar de las heridas, plantea: “Los diarios compraron la versión de la Policía. ¿Cómo no van a creer los diarios en la versión de la Policía? ¿Y cómo no va a creer la gente en los diarios? Declararme inocente significaría que los culpables de la masacre fueron otros”.
Cuando la policía no está al servicio de la comunidad y la Justicia no es imparcial, pasar por el lugar equivocado a la hora equivocada puede ser la receta perfecta para un futuro trágico. El 25 de enero de 2005 al mediodía, la Policía Federal buscaba en Pompeya a los conductores de un auto blanco que habían cometido dos robos. A esa hora y en ese barrio, Fernando Carrera (de 30 años, casado, con los papeles en regla) esperaba la luz verde para cruzar a Lanús y completar un trámite inmobiliario. Manejaba, para su desgracia, un Peugeot 205 blanco. Convencidos de que tenían al delincuente en la mira, los federales —camuflados en un 504 negro— pisaron el acelerador.
Carrera vio cómo se acercaba el vehículo destartalado. Le apuntaba un hombre de barba y pelo largo. Tuvo miedo y aceleró. El policía lo dejó inconsciente de un tiro en la mandíbula, pero Carrera seguía al volante. Así recorrió cinco cuadras sobre la Avenida Sáenz.
A esa hora y en ese barrio caminaban Edith Custodio (41), Fernanda Silva (35) y su hijo Gastón Di Lollo (6). El conductor los atropelló y murieron. Antes de chocar contra una camioneta frente a la Iglesia de Pompeya, el auto no dejó marcas de frenado. La brigada disparó 18 veces y acertó 8 al cuerpo de Carrera, que permaneció inconsciente durante una hora, hasta que lo llevaron al Hospital Penna. Demasiadas personas transitaron la escena del accidente. Algunos testigos fueron privilegiados, otros ignorados. Cuando llegó la prensa, los vecinos estaban al borde del linchamiento. Pedían que el asesino quedara tirado, que la ambulancia no se lo llevara. Los conductores de noticieros impostaban indignación.
En junio de 2007, Carrera —con heridas en la boca, el pecho, el estómago, el brazo izquierdo y las piernas— fue condenado a 30 años de prisión por robo agravado, triple homicidio, lesiones (hubo dos heridos graves), portación ilegal y abuso de armas de fuego. Once meses después, la Cámara de Casación confirmó el fallo. En diciembre de 2009, Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y Enrique Piñeyro se presentaron ante la Corte Suprema bajo la figura de “amigos del Tribunal”. Para sostener que Carrera era inocente, el cineasta adjuntó un video de 40 minutos que fue el germen de la película “El rati horror show”, que se estrena este jueves 16.
En su dictamen del 1 de julio, la Procuración General recomendó al máximo tribunal confirmar la sentencia. Aunque aceptó que nadie reconoció al condenado como autor del robo, alegó que eso “no asegura su ajenidad al hecho”. Carrera sigue preso en Marcos Paz y Piñeyro insiste en mostrar las irregularidades del proceso:
- El auto policial tenía pedido de captura.
- Tres testigos reconocieron que no vieron salir ningún disparo del 205, pero los jueces dijeron lo contrario en su alegato.
- El “testigo clave” fue Rubén Maugeri, presidente de la Asociación de Amigos de la Comisaría 34. Tenía despacho en la dependencia y libertad para moverse por la escena del crimen.
- Cuando relató los hechos a la Dirección General de Operaciones, el comisario Enrique Villar cometió un furcio extraño: “el delincuente está inconsciente… o consciente o semi-consciente”.
- Los fiscales llegaron una hora y media después. Piñeyro sugiere que en ese período la policía plantó el arma, sobre la cual no se hizo pericias.
- El juez Hugo Cataldi era director del Instituto Universitario de la Policía Federal.
- La duda no favoreció al reo. Aunque el perito de la defensa dijo que pudo haber manejado por automatismo (y que una bala como la que impactó en su mandíbula equivale a un golpe quince veces más fuerte que el de un boxeador), el Tribunal tuvo en cuenta la postura de un médico que negó esa posibilidad.
- La esposa de Carrera aceptó un abogado que se le presentó en el hospital. Fermín Itúrbide resultó ser el mismo que había defendido a los policías que en 2002 obligaron a tirarse al río a Ezequiel Demonty, que murió porque no sabía nadar.
El único antecedente de Carrera, apunta Piñeyro a Newsweek, es una denuncia de fuga del hogar a los 16 años. “Se fue con la chica con quien hoy está casado. Tiene tres hijos, auto a su nombre, negocio lícito y propio (la gomería “El cabezón”). ¿Dónde está el perfil lombrosiano del delincuente?”, señala.
“Sin duda estaba inconsciente cuando atropelló a estas personas”, dice Marcelo Saín, ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, especialista en seguridad e investigador de la Universidad de Quilmes que asesoró en la producción de la película. “La actitud de la policía fue delictiva desde el primer momento, cuando le pegaron un escopetazo sin siquiera dar una voz de alto. Lo acribillaron incluso después del choque. Este muchacho es inocente”. Piñeyro quiere volver a invertir la carga de la culpa y recuerda el artículo 269 del Código Penal: al juez que dicte resoluciones contrarias a la ley o cite hechos falsos en una sentencia condenatoria le corresponden hasta 15 años de prisión e inhabilitación perpetua.
Para el Centro de Estudios Legales y Sociales, en este caso “se evidencia tanto la vigencia de prácticas de uso abusivo de la fuerza letal como el posterior encubrimiento del hecho a través de la modificación del escenario del crimen por parte de la misma policía”.
Criticó además a la fiscalía por su “excesiva delegación de funciones” en la fuerza y por haber perdido elementos secuestrados, ser negligente en su cuidado e ignorar que varios testigos “desconocieron actas firmadas en sede de comisaría”. El CELS critica a la Justicia por no investigar “profunda e imparcialmente los hechos en los que se encuentran involucrados policías”. Un dictamen de la Defensoría porteña califica a la Federal como “la institución menos permeable a los principios democráticos en la Argentina”. En las comisarías del sur porteño, brigadas como la de Pompeya tratan de mimetizarse como vecinos comunes y usan los autos que ellos mismos secuestran. “La policía no uniformada —aclara Saín— debe evitar ser identificada, pero eso es en el marco de una investigación sigilosa”.
La policía uniformada tampoco brinda tranquilidad. ¿Cuántas personas son víctimas de disparos “accidentales” como el que mató en Bariloche al adolescente Diego Bonefoi? El último informe del CELS sobre Derechos Humanos advierte que “entre julio de 2008 y junio de 2009 se registró un aumento en el uso de la fuerza por parte de las policías y otras fuerzas de seguridad”. Murieron 140 personas, 15 más que en el período anterior. La Federal fue responsable de 47 de esas muertes, 17 más que en el lapso previo. En los últimos meses, protagonizó casos emblemáticos.
El 1 de marzo de 2009, Mauricio Vega (33) había ido a comprar gaseosas con un amigo. Policías de la comisaría 33 le dispararon en la nuca a 30 centímetros. Dijeron que estaba robando un auto y que murió en un enfrentamiento, pero las pericias determinaron que el arma “plantada” ni siquiera era apta para disparar. Cinco meses después, Claudio Paz (30) fue asesinado por efectivos de la 36. Aseguraron que se trató de un tiroteo, pero el arma “encontrada” tampoco había sido disparada.
El último procedimiento que investiga la Defensoría es casi inverosímil. El 3 de mayo de este año efectivos de la 42 interceptaron a dos amigos. Uno fue obligado a tocar llantas y tornillos que la policía había puesto en el piso. Lo amenazaron con endilgarle un delito por el cual iría preso, salvo que “arreglara”. En la comisaría, tres policías les exigieron dinero. Perdieron $ 4.400. Para cerrar el asunto, les “recomendaron” como abogado al hermano de uno de los efectivos.
No son casos aislados. Entre 1993 y 2004, el entonces fiscal Daniel Rafecas coordinó una investigación que describía 105 procedimientos fraguados, con el paso a paso de las causas armadas:
- Un hombre (“carnada”) se gana la confianza de otro y le pide que lo acompañe, con la promesa de darle trabajo.
- Viajan hasta un lugar público y la “carnada” deja sola a la víctima.
- El operativo “se dirige directamente a la persona, con resultado exitoso, seguido en casi todos los casos de la presencia inmediata de la prensa”, que toma la versión de los jefes policiales.
Así se encarceló a 164 personas, de las cuales 41 eran inmigrantes, 30 desocupados y 24 chicos de la calle. Cuando se hizo pericias sobre las “drogas”, resultaron ser yerba mate o bicarbonato de sodio.
Ese modus operandi parece tener otra expresión en el caso Carrera. La historia, apunta Saín, “es representativa de una conducta predominante en la policía argentina. En poco tiempo plantaron pruebas, arrimaron testigos y excluyeron a otros presenciales” (como los que aseguraron que, antes del choque, el motor del auto de Carrera sonaba forzado). “La Justicia argentina —agrega— tiene la gorra puesta y el poder político hace silencio”. En este contexto, Piñeyro pide “separar a la policía de Asuntos Internos, para que no se investigue a sí misma, y darle una jefatura civil”.
El caso Carrera está en la Corte y Raúl Zaffaroni ya vio grabaciones de los testigos reconociendo que no lo habían visto disparar. “Quedó muy impresionado”, asegura Guadalupe, que espera al esposo (“un pibe muy familiero, que casi no salía de casa”) junto a sus hijos, de 16, 13 y 7 años. No es demasiado optimista: “Hay muchos policías y jueces involucrados; por lo menos queremos que le bajen la pena”. Su abogado, Federico Ravina, en cambio, tiene “la plena esperanza de que la Corte haga una verdadera revisión de todo lo que pasó. No sólo se trata de justicia para Fernando sino, sobre todo, para las tres víctimas fatales”.
Mientras tanto, Carrera estudia Derecho y trabaja en la granja de Marcos Paz. Asegura que nunca tuvo un arma y que su único error fue escapar al pensar que lo estaban asaltando. Lúcido a pesar de las heridas, plantea: “Los diarios compraron la versión de la Policía. ¿Cómo no van a creer los diarios en la versión de la Policía? ¿Y cómo no va a creer la gente en los diarios? Declararme inocente significaría que los culpables de la masacre fueron otros”.
