¿Por qué la gente "compra" tanto el "morbo"?
La familia Pomar no aparecía por ningún lado y ante la desesperación todo tipo de hipótesis se difundieron de la boca de investigadores irresponsables y medios deseosos de vender noticias. Ahora, con el “diario del lunes en la mano”, la postura de las autoridades provinciales se desmorona. Nada volverá a la vida al matrimonio que formaban Fernando y Gabriela y a sus hijas Candelaria, de 6 años, y Pilar, de 3. Y sus familiares no pueden salir del dolor. Pero sus abogados evalúan iniciar acciones legales contra la policía.
En las últimas semanas, el gobernador Daniel Scioli y su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, están empecinados con una idea: para frenar la “inseguridad”, plantean dar más poder a los jefes policiales y reformar el Código Contravencional para endurecer los castigos contra menores, reincidentes y también contra quienes protestan. Pero los Pomar fueron víctimas de la más homicida de las inseguridades: la inseguridad vial, que en nuestro país mata a más de 10 mil personas por año. Una cifra abrumadoramente superior a los dos mil asesinatos anuales (2.071 en el 2007, según el Ministerio de Justicia).
Incluso después de que apareciera la familia, y sin temor a más papelones, el gobierno provincial sigue asegurando que la búsqueda fue “un éxito” porque finalmente dieron con los cadáveres. Aunque Stornelli pidió el relevo de tres jefes policiales y solicitó a todos los superintendentes policiales que pongan a disposición sus renuncias. El único funcionario que reconoció que “en algún lugar” fallaron fue el subsecretario de Investigaciones, Paul Starc. Scioli, en tanto, admitió que si bien suele reconocer a los policías que “honran el uniforme”, quiere ser “riguroso” con quienes “caen en cuestiones de impericia o se equivocan”. Lo que llama la atención es que no se haya relevado todavía al jefe de la Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial de La Matanza, Marcelo Javier “el Chivo” Chebriau, que también participó de la fracasada búsqueda junto a un grupo operativo a su cargo. Hasta el cierre de esta edición, el polémico comisionado seguía firme en su puesto.
La pesquisa tuvo como protagonistas a Stornelli y a Starc desde el poder político. Desde lo judicial, la fiscal de Pergamino Karina Pollice, con la asistencia de la DDI de Pergamino, la Policía Científica de Lomas de Zamora y –como dijimos– la DDI de La Matanza, fue la encargada de coordinar la búsqueda. Cientos de policías se emplearon para tratar de dar con la familia desaparecida, con un despliegue mostrado profusamente a través de los medios. Desde el aire y por tierra, junto a los caminos provinciales, rutas nacionales, ríos y lagunas: supuestamente la búsqueda fue rigurosa, al punto que se pusieron a disposición psicólogos forenses, buzos tácticos, helicópteros y toda la tecnología policial. En el territorio bonaerense hay dos antecedentes gravísimos de desapariciones que nunca fueron esclarecidas: el testigo de la causa Etchecolatz, el albañil Julio López, y el joven Luciano Arruga, a quien el personal del Destacamento de Lomas del Mirador lo habría querido obligar a robar para ellos. En los dos casos, por motivos distintos pero que tienen que ver con el mismo parámetro de impunidad y violencia institucional, hay fuertes sospechas en contra de la policía de la provincia más poblada del país. Pero con los Pomar no habría ninguna razón que haya hecho que la búsqueda se entorpeciera tanto. Solamente la impericia y la ineptitud explican el rotundo fracaso.
Entre las historias estrambóticas (ver también recuadro “Día por día”, se mostraron por televisión el pantalón y los zapatos que supuestamente Fernando usaba para ir a pedir trabajo, y que habían quedado en su casa. Allanaron la estancia de los Pomar en Rancagua, cerca de Pergamino, y se tendió un manto de sospechas sobre el padre de Fernando por denunciar la desaparición del auto, para cobrar el seguro. Y la profesión de técnico químico del hombre hizo que se sospecharan derivaciones de la mafia de los medicamentos o del narcotráfico.
Al día siguiente del hallazgo, Starc, el jefe de la Bonaerense Juan Carlos Paggi y el superintendente de Investigaciones Antonio “el Barítono” Torreira dieron una conferencia de prensa para tratar de explicar lo inexplicable. Para calmar los ánimos anunciaron una serie de remociones y pedidos de renuncias.
Pero para los Pomar por supuesto que esto no es suficiente. En diálogo con esta revista, Romina Abatte, abogada de la familia de Gabriela, enumeró algunas de las críticas que hace a la fuerza policial: “No comparto el deslinde de responsabilidades que hace la policía respecto de los rastrillajes que se hicieron y otros puntos, como que no se detectaron las señales de los celulares: el celular de Gabriela siguió prendido hasta un día después de la desaparición. Por informes especializados se podría haber detectado su ubicación”.
Abatte relató cómo impactó en la madre de Gabriela todo lo que se ventiló en los medios: “Trató de ignorar cada una de la hipótesis que se barajaron alrededor del comportamiento de Fernando, pero esto no significa que no le hayan provocado dolor las hipótesis vertidas a los medios de comunicación, que surgían de lo que la propia fiscalía o la Policía de la Provincia de Buenos Aires consideraban fehaciente”. El abogado Carlos Ferreira, que se sumó a la asistencia legal de los familiares de los Pomar, adelantó que evalúan demandar a la Bonaerense: “¿Dónde rastrillaron, en la banquina, donde cualquiera podría haberlos visto? Hay que rastrillar adonde no se ve, no sólo al costado de la ruta. En los días previos, Cecilia, la hermana de Fernando, me dijo: ‘Para mí, no están rastrillando en los montes’. Si alguien del común plantea esto, ¿cómo no se les ocurrió a los investigadores?”, se indignó.
Cuando dieron con el auto, rápidamente se generó la típica escena de policías, bomberos, reporteros y curiosos con su dosis de morbo. Entre los presentes, de camisa beige y pantalón negro, estaba el comisionado Chebriau. El hombre conoce la zona: a sólo 60 kilómetros de donde se encontró a los Pomar, tiene su plantación de tomatitos cherry. Y pese a que zafó de la purga policial, tuvo un rol importante en el fiasco investigativo. La DDI de La Matanza envió a sus hombres para colaborar con la pesquisa.
A cargo del grupo operativo estuvieron los hermanos Daniel y Ricardo Galeguillo, comisarios ambos. En su momento, Daniel permaneció prescindible por el secuestro del empresario Leonardo Bergara, ocurrido en Quilmes a fines del año pasado, en el que habrían participado policías. Luego fue suspendido sin goce de sueldo por sesenta días, como castigo por pasar información a C5N. En el grupo que envió Chebriau para buscar a los Pomar estaba el teniente Dito Morales, el principal Villaba, el suboficial principal Gustavo Acenjo, el teniente Walter Babel y el subcomisario Esteban Lofeudo. Y Chebriau en persona estuvo presente casi cotidianamente en los rastrillajes. Pero en los últimos días había estado abocado a un confuso secuestro extorsivo que sufrió, en el partido de San Martín, el piloto de TC Pista Alan Sancho, que se habría comunicado por teléfono con su padre, Gustavo, para pedirle que junte 200 mil euros para que lo liberen.
El joven fue capturado el domingo 6 a la noche y liberado tras 28 horas. El mismo Stornelli negó que se hubiera pagado el rescate, pero hay versiones en contrario. Como quiera que sea, esta investigación desvió a Chebriau de la búsqueda de los Pomar. El mismo hombre que fracasó en encontrar a Arruga, ahora acumula otro traspié, al ser parte de los jefes policiales que condujeron el tardío hallazgo de la familia. Con todos estos antecedentes, ¿alguien puede todavía sostener que fortaleciendo el poder policial se podrá poner fin a los hechos delictivos?
FUENTE: Por Tomás Eliaschev para Revista Veintitrés
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