Repudian a Larreta por negarse a dialogar con Alberto Fernández

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anticipó en una carta su decisión de no asistir a la reunión convocada por el Ejecutivo nacional para comenzar a tratar del traspaso de la policía al distrito capitalino, al señalar que planteó ante la Corte Suprema "la inconstitucionalidad" de la norma sancionada por el Congreso que estableció las condiciones para que se lleve a cabo ese traspaso.

"Me dirijo a Ustedes en respuesta a la convocatoria recibida en el marco de la Ley 27.606 relativa al "Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante todo, quiero expresar que nos vemos impedidos de concurrir a la reunión propuesta según lo establecido por el artículo 2° de esta ley ya que hemos planteado judicialmente la inconstitucionalidad de la misma", señaló Rodríguez Laretta en una misiva a la que tuvo acceso Télam.

En un texto dirigido a los ministros de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán, el mandatario porteño señaló que "desde el primer momento, la Ciudad de Buenos Aires ha impulsado el diálogo y la concertación como mecanismos para lograr consensos".

"Pero consideramos que precisamente en este caso los acuerdos preexistentes fueron dejados de lado de forma unilateral y por lo tanto esta Ley quebranta las bases del federalismo de concertación que pretende promover. Además, la Ley viola manifiestamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ya que la firma del convenio de traspaso de la Policía Federal llevada a cabo en 2016 era suficiente para consolidar la transferencia de facultades y funciones de seguridad sin necesidad de una norma adicional", explica la carta.

Para el jefe de Gobierno, "se trata de una Ley que consagra una violación a la división de poderes, a la seguridad jurídica, a la estabilidad de los actos de gobierno, a la buena fe que debe regir las relaciones entre distintos niveles de gobierno y a la confianza legítima; y como consecuencia, se pretende poner de rodillas a la autonomía de la Ciudad".

"Para enmascarar esta intención, a través de un ilusorio convenio posterior se intenta legitimar esta Ley dentro de las exigencias de la Constitución Nacional, que establece como necesario el acuerdo previo de la Ciudad como jurisdicción afectada. Pero esto es sólo una ficción jurídica que pretende ocultar el verdadero propósito de violar la autonomía" del distrito porteño.

En ese sentido, Rodríguez Larreta insiste en que "la Ley parte de una premisa errónea que distorsiona cualquier cálculo posible, porque establece que se debe tomar como base de cálculo los componentes efectivos en el año 2016, cuando el convenio firmado ese año aclaraba que se trataba de un período de transición y que recién en 2017 se consolidaría la transferencia".

"Nos vemos obligados a no convalidar con nuestra presencia la ejecución de una ley que, como hemos planteado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el mismo día en que fue publicada, es inconstitucional y daña a las instituciones democráticas de nuestro país", subraya.

Días atrás, el gobierno nacional convocó a Rodríguez Larreta a la Casa Rosada para acordar los recursos que necesita la policía metropolitana para funcionar durante el 2021, a través de una carta que llevaba las firmas de De Pedro y Guzmán, en la cual propusieron "definir los lineamientos del proceso de diálogo entre ambas jurisdicciones, así como la conformación de los equipos técnicos pertinentes".

Desde el Bloque del Frente de Todos expresaron su "más profunda preocupación, frente al inexplicable rechazo" efectuado por el Ejecutivo Porteño a la convocatoria al diálogo llevada adelante por el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la Ley 27.606.

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "insiste en transformar un tema estrictamente institucional -ordenar definitivamente el marco de la transferencia de la Policía Federal efectuada en 2016 de forma defectuosa por Mauricio Macri- en un conflicto político", señalaron los legisladores y legisladoras.

Agregaron que "de esta forma, nos impide a los porteños y porteñas alcanzar un acuerdo permanente y con fuerza de ley, que defina las partidas presupuestarias correspondientes a dicha transferencia, conforme lo previsto por el artículo 75 inciso 2 párrafo 5 de la Constitución Nacional".

Explicaron que "no resulta fundamento válido para el rechazo al diálogo, la judicialización llevada adelante por el Gobierno de la Ciudad, dado que -en modo alguno- ha existido condicionamiento para dicha convocatoria, ni implica renuncia alguna a la acción judicial".

Los Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instaron a las autoridades a que cumplan "con una Ley del Congreso que busca, ni más ni menos, que darle seguridad jurídica a futuro, a una cuestión que el Gobierno anterior resolvió mediante decreto y sin ningún tipo de análisis serio en materia de partidas presupuestarias".

"El rechazo al diálogo nunca es una opción, menos aún cuando se trata, ni más ni menos, que de lograr un acuerdo sobre números que están sobre la mesa y que sólo hay que analizar. Esperamos que el Jefe de Gobierno revise esta decisión incomprensible y vuelva al camino de la racionalidad y el diálogo democrático", concluyeron.