Larreta acelera su estrategia legal: pedirá una medida cautelar y enfrenta a Alberto
Dispuesto a resistir el zarpazo económico que le dio la Casa Rosada, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmó hoy un decreto en el que instruye a la Procuración General de la Ciudad a accionar judicialmente contra el recorte de coparticipación. La ofensiva legal incluirá el pedido de una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos del decreto del presidente Alberto Fernández.
Con ese acto administrativo, Rodríguez Larreta da curso a la estrategia que anunció anoche de presentarse ante la Corte Suprema de Justicia para impedir que le quiten 1,18 puntos de coparticipación federal, que constituyen cerca del 10% del total del presupuesto de la Ciudad.
La determinación se aceleró después del anuncio del presidente Alberto Fernández, que resolvió el miércoles de manera unilateral redireccionar fondos a la provincia de Buenos Aires como salida al conflicto salarial planteado por la policía del distrito más poblado del país.
"La decisión que tomó el Gobierno es inconstitucional, por eso vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender los derechos de la Ciudad. Hay mucha jurisprudencia que dice que una decisión así no se puede tomar de forma unilateral y menos de un día para el otro", había dicho el jefe porteño en su discurso.
Y añadió: "Se eligió deteriorar la convivencia política. De un día para el otro nos sacan los fondos. Fue lo contrario al diálogo. Nos cortan los fondos en el medio de la pandemia. La medida se tomó unilateralmente, fue una decisión arbitraria e inconsulta. La última vez que se habló del tema fue en marzo".
En el decreto emitido esta mañana amplió en ese criterio. Sostiene que la reducción del porcentaje de coparticipación "resulta un acto unilateral del Poder Ejecutivo Nacional e implica una clara violación a las pautas constitucionales, al principio de igualdad entre las provincias y otros principios constitucionales como el de progresividad y legalidad".
El artículo 1 instruye a la Procuración a "promover la acción judicial que corresponda contra el Estado Nacional, a los fines que se declare la nulidad e inconstitucionalidad" del decreto de Fernández. Pide además que "se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que dejen de ingresar en el futuro por aplicación del decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados". Y advierte que se solicitará "una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada".
Anoche Rodríguez Larreta se había mostrado enojado, aunque prometió seguir por el camino del diálogo. "La decisión es inconstitucional. Vamos a ir a la Corte para defender la autonomía de la Ciudad".
Un grupo de abogados y constitucionalistas comenzó a trabajar en la presentación, que, según fuentes del Ejecutivo porteño, criticará el "carácter unilateral" de la decisión del Presidente, y pedirá que quede sin efecto "de manera inmediata" para no afectar los recursos de la Ciudad. "Si no lo hacen, no nos quedará otra que recortar obra pública antes que los gastos prioritarios, lo que demuestra la irracionalidad de la medida", argumentaron las fuentes.
Desde bien temprano del jueves, Rodríguez Larreta había analizado el nuevo escenario con su mesa chica: el jefe de gabinete, Felipe Miguel; el secretario general, Fernando Straface; el vicejefe de gobierno, Diego Santilli; y el ministro de Ambiente, Eduardo Macchiavelli, a quienes se sumó el titular de Hacienda, Martín Mura. Las estimaciones iniciales causaron escozor en los funcionarios: unos $13.000 millones para lo que resta de 2020, y $53.000 millones dejarían de percibirse si la demanda no es aceptada por el máximo tribunal del país.
Las conversaciones siguieron más tarde con los aliados de Juntos por el Cambio en la ciudad, como Martín Lousteau (Evolución), Graciela Ocaña (Confianza Pública) y Paula Oliveto (CC-ARI), alineados con su reclamo.
"Hubo un respaldo político muy grande a la demanda y a la estrategia futura", afirmaron cerca del jefe de gobierno, sin dar más detalles. La demanda ante la Corte había sido sugerida de manera pública y privada por Lousteau y Elisa Carrió, e informada a la titular de Pro, Patricia Bullrich- quien encabezó un comunicado con duras críticas al Gobierno-durante un día de llamados y zooms casi interminables. "La demanda es una herramienta para negociar después. No corta el diálogo del todo", puntualizaron desde Juntos por el Cambio en relación a la jugada.
