El Enargas denunció a Aranguren por las maniobras fraudulentas en los tarifazos de 2018
El nuevo interventor, Federico Bernal, denunció penalmente al ex ministro de Energía por maniobras fraudulentas. Según sostiene el denunciante, esta situación implicó un perjuicio económico contra usuarios y el Estado de 168 y 393 millones de dólares, respectivamente, que fue a las arcas de las empresas.
El nuevo interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, denunció penalmente al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren por maniobras fraudulentas en los tarifazos del 2018. Según sostiene el denunciante, esta situación implicó un perjuicio económico contra usuarios y el Estado de 168 y 393 millones de dólares, respectivamente, que lógicamente benefició a las empresas.
Bernal subraya que se efectuó un mecanismo para trasladar a las facturas la variación del tipo de cambio que habrían violado la Ley del Gas, "atando a los usuarios y las usuarias a una concertación 'contractual', con precios en dólares, unificados por cuenca, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa".
"Esto derivó, conforme Decreto 1053/2018, en la absorción por parte del Estado Nacional de aquel acuerdo ruinoso para los bolsillos de los usuarios. Esto es, todo el pueblo argentino en calidad de contribuyente haciéndose cargo de la deuda generada", señaló.
La denuncia recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 y también alcanza a Marcos Porteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos; a Mauricio Roitman, expresidente del directorio del Enargas y demás integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador, según un comunicado de prensa difundido por el ente regulador.
En concreto, la acusación se sostiene en la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, artículos 248 y 265 del Código Penal.
Bernal le había adelantado la decisión al ministro Matías Kulfas -quien está a cargo de toda el área energética- para lo cual se basó en una "auditoría y revisión técnica, jurídica y económica que evaluó los aspectos regulados por la Ley 27.541 en materia energética".