El negocio entre Macri y Angelici que tiene el aval de la Justicia
Dos camaristas vinculados al macrismo favorecieron al operador judicial y presidente de Boca para que haga un importante negocio con los terrenos de Casa Amarilla, afectando a los vecinos de La Boca.
El operador judicial del macrismo y amigo de Mauricio Macri, Daniel Angelici, y el club que preside, Boca Juniors, recibieron el apoyo de la Justicia porteña en la causa por la venta de los terrenos de Casa Amarilla, una decisión que va en contra de los vecinos del barrio de La Boca.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones porteña hizo lugar a un reclamo de Boca y dejó sin efecto la resolución de primera que impedían la privatización del predio de Casa Amarilla por considerarla inconstitucional. De esta forma, Angelici está a un paso de concretar una operación que podría darle un espaldarazo importante justo en el final de un alicaído segundo mandato en el 'Xeneize', en detrimento de los vecinos del icónico barrio, que luchan contra el poder del macrismo para resguardar un terreno público de gran valor.
La decisión de dos de los camaristas, Esteban Centanaro y Mariana Díaz (el tercero, Hugo Zuleta, votó en contra), se dio el 27 de diciembre, sin embargo, las partes recién fueron notificadas a comienzos de febrero tras la feria judicial, según informó el portal Sur Capitalino. El argumento fue que "al encontrarse descartada una lesión al medio ambiente, los actores carecen de legitimación para propiciar el control de constitucionalidad".
El fallo de la cámara revocó la decisión de jueza porteña Paola Cabezas Cescato, quien durante 2018 había declarado inconstitucional la venta de los terrenos públicos, que estaban destinados a la construcción de viviendas, a través de la Corporación Buenos Aires Sur por no haber sido discutida en la Legislatura de la Ciudad, como lo dicta la Constitución porteña.
Los dos camaristas que dieron lugar a la apelación mantienen vínculos aceitados con el macrismo. Centanaro es el padre de la ex legisladora del PRO Ivana Centanaro, mientras que Díaz tuvo un paso como secretaria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) gracias a una designación del oficialismo porteño.
"Implica una gravedad institucional muy fuerte que se autorice a una entidad del Gobierno a vender tierras públicas sin autorización previa de la Legislatura", cuestionó el abogado del Observatorio por el Derecho a la Ciudad que representa a los vecinos de La Boca, Jonatan Baldiviezo, en declaraciones a El Destape.
La Corporación Sur -una sociedad del Estado creada en el año 2000 para promover el desarrollo integral de la zona Sur- recibió el terreno de 3,2 hectáreas de parte del Gobierno porteño bajo la administración Macri. A su vez, al actual jefe de Estado le había sido transferido desde el Instituto de la Vivivienda local (IVC), luego de que este sólo construyera unas 400 viviendas de las 1200 planificadas en el restrictivo programa Viví en tu Casa.
En 2016, la Corporación Sur puso a la venta el predio, que es un espacio de encuentro para los vecinos, a través de una sospechosa licitación en la que Boca fue la única entidad que se presentó y se la quedó por 180 millones de pesos a pagar en cuotas durante los próximos 14 años, lo que generó un fuerte conflicto entre los vecinos y la entidad 'Xeneize' que llegó hasta la Justicia.
En el ámbito de las causas y expendientes, Angelici usó todo su poder para salir favorecido. Primero consiguió que el juez Guillermo Scheibler fuera apartado tras dictar una medida cautelar para no modificar el predio; luego alambró el predio y lo dotó de seguridad privada prohibiendo el acceso de los vecinos al espacio público; y por último consiguió la veña de la Cámara de Apelaciones.
El voraz deseo del empresario del juego por el terreno es alimentado por la persecución de su máximo objetivo como presidente del club de la Ribera, la construcción de un nuevo estadio shopping que de alguna forma maquille su magra gestión e incluso le permita ir por una nueva postulación, gracias a que DNU por el que Macri eliminó la Secretaría de Deportes también habilitó la posibilidad de una segunda reelección en los clubes.
Para la Coordinadora de Hinchas, que reúne a socios y simpatizantes de clubes de todo el país en defensa del rol social de las entidades sin fines de lucro, la diagramación del negocio inmobiliario comercial alrededor de Casa Amarilla "se ampara en una mirada de los clubes como Sociedades Anónimas Deportivas", el viejo anhelo de Macri para convertir a las entidades sociales en empresas.
"Plantean una idea del club como organismo para hacer negocios. No piensan en un predio para brindarle a los socios más comodidades, sino en cómo hacer negocios con el estadio, a precios que los hinchas y las hinchas de Boca no podrán pagar", criticó Hernán Aisenberg, integrante de la coordinadora.
La adquisición del predio por parte del angelicisimo es incluso cuestionada puertas adentro del mundo 'Xeneize'. "El sentido es tener al club como unidad de negocios, en Boca no pudieron imponer las SAD, pero tratan de hacerlo lo más similar posibile. El estadio shopping es la defunción de Boca como sociedad sin fines de lucro", sostuvo Matías Daglio, integrante de la agrupación Boca es Pueblo.
Para Daglio "era sabido" que fallaría de esta manera "porque la maneja Angelici". En ese sentido, enfatizó: "Ya hubo dos jueces que lo declararon inconstitucional, la Justicia se maneja de esta manera con Angelici". Al tiempo que consideró que "si la conducción del club fuera otra, con otra idiosincrasia, quizás la discusión pasaría por ver en qué se podrían convertir los terrenos para beneficiar al socio y a los vecinos".
Para revertir la situación, Baldiviezo presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara para que exista una revisión del TSJ. De ser rechazado, la apelación quedará firme y le otorgará los terrenos a Boca.
De concretarse la venta, también se sentará un peligroso precedente para todos los vecinos de la zona Sur de la Capital Federal. "Si el fallo se consolida, la Corporación Sur va a poder vender todas las tierras que tiene. Es una reedición de la discusión que se dio en 2016 cuando se discutió la Agencia de Bienes, que era una inmobiliaria de tierras públicas", alertó el abogado.