Nuevos aportes truchos a la campaña presidencial de Macri

Aparecieron nuevas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Mauricio Macri, y viejas denuncias sobre empresas contratistas que fueron aportantes, donantes fantasmas o sin capacidad económica cobran un nuevo significado.

La #CenaPRO para recaudar fondos para la campaña presidencial en marzo del año pasado no parece haber alcanzado. Y eso que reunió a más de 2 mil empresarios que pagaron, cada uno, 50 mil pesos el cubierto. En la propia puerta de La Rural, Michetti y Frigerio confirmaron que los cerca de 130.000.000 pesos recaudados irían a financiar la campaña, como “un modo de blanquearla”.

Cambiemos fue el partido que más gastó durante la carrera presidencial. De acuerdo a los informes finales presentados ante la Cámara Nacional Electoral, fueron $130 millones incluyendo las PASO ($36,7 millones) y las elecciones generales de octubre ($93 millones). $91 millones del total provinieron de aportantes privados.

Si bien los especialistas señalan que el mayor financiamiento de las campañas se concreta en negro, en el caso del PRO ni siquiera el blanco cierra.

Primero aparecieron los aportantes fantasmas y los donantes sin capacidad económica. Pareció un dato de color que la máxima responsable de las cuentas de Cambiemos durante las PASO fuera una jubilada matancera de 68 años que, al ser consultada sobre su rol en la campaña, dijo no saber nada.

 Reproducción del diálogo que mantuvo La Nación con la supuesta apoderada del PRO

Stella Maris Sandoval, así se llamaba, figuraba como la encargada legal de manejar36 millones de pesos para los precandidatos presidenciales de Cambiemos – Mauricio Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz-, pero desde su casa de Villa Celina aseguró a La Nación  nunca haber siquiera firmado un papel que acreditara su participación con dicha alianza.

Pudo haber sido un grosero error si no fuera porque otra “excepción” confirmó la regla: debajo de Stella Maris aparecía María Armanda Inza, de 82 años, quien también respondió que no estaba enterada de su rol partidario.

En las elecciones encabezadas por las jubiladas olvidadizas Macri reportó gastos de campaña por 27$ millones y aportes privados por $22 millones. Según los informes presentados ante la Justicia, su lista tuvo casi la mitad de donantes de los que presentó Scioli (849 versus 1.616), y entre sus principales aportantes aparecieron nombres con cifras récord: tres funcionarios del gobierno de la Ciudad pusieron $95 mil cada uno. Esos aportes sólo fueron igualados por cuatro empresarios mendocinos, dos jóvenes de entre 26 y 29 años y un monotributista categoría G que, según el esquema tributario entonces vigente, reportan ingresos anuales menores a 240 mil pesos. Es decir que habría donado casi 5 de sus sueldos netos.

La cámara Electoral detectó al menos 95 de estos casos en que los aportantes llegaron a donar más dinero de lo que les permitía su límite de facturación anual.

Donantes sin capacidad económica, aportantes fantasmas: lo que siguieron fueron sospechas de que al menos que 19 personas realizaron aportes indirectos de sus empresas por casi $ 1 millón, lo cual está prohibido. Según la reforma de 2009 de la Ley Electoral, las compañías no pueden figurar directamente como aportantes. Por eso, muchas de las empresas lo hacen a través de sus empleados, lo cual fue advertido en 2014 por un fallo que catalogó la maniobra como un “aporte empresarial encubierto”.

De esta manera, el sitio Chequeado llegó a conectar a 33 integrantes de agencias de publicidad, 20 miembros de empresas de seguridad privada, 7 empleados ligados con una constructora y 4 gerentes de una empresa de higiene urbana a firmas con vínculos con la gestión porteña o contratos con provincias, como la de Córdoba. Según la cuenta total,estas empresas contratistas aportaron de manera $ 2,7 millones para que Macri llegara a la Casa Rosada.

La Ley de Financiamiento de Partidos prohíbe expresamente que las alianzas reciban “contribuciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad”.

Los datos revelados por Chequeado revelan la bicicleta económica entre el gobierno y las empresas Briefing Security-Impes UTE, Murata SA, Verini Security SA y Yusion SRL, que se reparten desde 2011 el negocio de la custodia de los edificios públicos porteños; siete representantes de la empresa Murata, también contratista en seguridad, pusieron $295.000; la marca Reale-Dalla Torre Consultores, que creó, según su sitio web, “la imagen y la marca de la Policía Metropolitana” aportó a través de sus socios 285.000 pesos; varios gerentes de la empresa Publicidad Sarmiento, ganadora de la licitación del mobiliario urbano porteño, que aportaron 50 mil cada uno; cuatro empleados de la firma cordobesa Oscar Scorza Equipos y Servicios SRL pusieron $180.000; y al menos $505.000 de siete integrantes de EVA SA, una empresa constructora que en noviembre de 2015 ganó una licitación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño.

Distintos de los aportantes consultados por Chequeado negaron, como las jubiladas, haber puesto plata para la campaña. “Yo no aporté nada”, dijo Raúl Menéndez, jefe de locaciones de Publicidad Sarmiento. “Ellos (por la empresa) me han puesto a mí, no por mí sino porque soy apoderado de Publicidad Sarmiento”.

En aquella #CenaPRO de recaudación de fondos, muchas sillas quedaron vacías: si bien ciertos empresarios que aportaron prefirieron evitar la exposición, otros directamente nunca consintieron que el aporte fuera a título personal.

Además de los contratistas, si se incluyen las donaciones de personas con altos cargos directivos vinculados con empresas, aparecen la portuaria Marítima Heinlein SA, o la petrolera china Sinopec Inc., con sumas cercanas a los 5 millones de pesos.

Otra buena parte del listado lo conforman funcionarios de numerosas dependencias del Gobierno porteño, donde se destacan ministros y, en mayor medida, decenas de empleados de rangos menores. El artículo 15 de la ley de financiamiento prohíbe “contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos”, aunque es algo difícil de comprobar.

La investigación del diario Nuestras Voces revela la existencia de otros 8 contratistas-aportantes que se despacharon cada uno con la misma llamativa cifra, medio millón de pesos, sumando un total de 4 millones de pesos prohibidos por la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos y la propia jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral.