Oyarbide encontró un depósito "increíble" de remedios

El juez federal Norberto Oyarbide reveló esta mañana que en una serie de allanamientos encontró "depósitos increíbles" de medicamentos "todos vencidos" en una droguería perteneciente a la firma San Javier ubicada en el Bajo Flores. "Hasta en uno de los allanamientos pretendieron estos delincuentes esconder los medicamentos bajo tierra pero se los encontré", afirmó en declaraciones a los periodistas al salir de su casa. Dicho depósito está presidido por el empresario Néstor Lorenzo, quien además es investigado por la adulteración y falsificación de remedios.
 

Juan Manzur

"Hay depósitos increíbles por el volumen de los medicamentos, todos vencidos", expresó a la prensa Oyarbide. Aunque reconoció que “hay que ser cautelosos” sobre el tipo de información que se brinde al respecto, para no entorpecer el procedimiento de la investigación.

Por su parte, el ministro de Salud, Juan Manzur salió al cruce por la mafia de los medicamentos y expresó: "Si hay gente relacionada con el ambiente de la política, hay que identificarla con nombre y apellido, decir quiénes son y detenerlos".

Asimismo, agregó que "éste es un hecho policial, criminal, aberrante. Adulterar medicamentos para la población es un acto criminal. Esperamos que (la Justicia) caiga con todo el peso de la ley a los que son los responsables".

Además, fue muy duro con los imputados en la causa y reconoció: “Son delincuentes, son asesinos, hay que identificar quiénes son estas personas, y aplicarles la ley, que les caiga todo el peso de la ley".

La situación de Zin

Tras el pedido de los diputados bonaerenses del Ari, quienes exigieron una explicación de Manzur por la causa, el ministro de Salud de la provincia, Claudio Zin, podría ser citado a declarar.

Este pedido fue firmado por el jefe del bloque ARI, Walter Martello, y pide además "un pormenorizado análisis de la situación de los proveedores de limpieza, seguridad y alimentos del ministerio". Sus motivos reinciden en que Zin debería conocer cuáles eran las operaciones de los funcionarios de su cartera, sobre todo de la relación entre el Subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa, y el empresario Néstor Lorenzo, uno de los principales imputados en la causa.

9 de septiembre de 2009