El juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez, sobreseyó al empresario Hernán De Carli y otras tres personas acusadas en el marco de la causa que investiga el tráfico ilegal de efedrina hacia Norteamérica.
Fuentes judiciales informaron que la medida benefició a De Carli, al policía Darío Atrio, al agente del Servicio Penitenciario Miguel Lombardi y a la ex funcionaria de la municipalidad de General Rodríguez Cristina Otero.
Los cuatro beneficiados por la resolución del juez Faggionato Márquez estuvieron detenidos en el marco de la denominada "ruta de la efedrina", aunque luego de unos días fueron liberados por falta de mérito.
También se decretó el sobreseimiento de Luis Tarzia, quien había fallecido en diciembre pasado mientras cumpía prisión preventiva a causa de un ataque cardíaco y quien estaba sindicado como el gerente argentino de la megabanda liderada por el mexicano Jesús Martínez Espinoza.
Tanto De Carli como Lombardi -que estuvieron 15 días detenidos- fueron involucrados en la causa por un testigo de identidad reservada que los vinculó con el triple crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, cuyos cuerpos fueron encontrados acribillados el 13 de agosto de 2008 en la localidad de General Rodríguez.
El testigo había dicho que horas antes de aparecer los cuerpos, un casero de una finca vecina a la mansión de De Carli, al que identificó como el "Poli" Medina, vio la camioneta Dodge Ram del empresario en la zona del crimen.
Este testigo también había involucrado en el caso al jefe de calle de la comisaría General Rodríguez, teniente primero Darío Atrio, y a la ex funcionaria de la municipalidad de ese distrito María Cristina Otero, quienes recuperaron la libertad tras permanecer unos días arrestados.
Según la declaración del testigo, Atrio fue visto a las 4.30 del 13 de agosto pasado en el zanjón donde horas más tarde aparecieron los cuerpos baleados de Forza, Ferrón y Bina, algo que finalmente fue descartado.
Por su parte, las sospechas sobre la funcionaria Otero se centraban en que habría actuado como intermediaria en el alquiler de un galpón en General Rodríguez en el cual se almacenaba efedrina y por el cual está procesado en la causa Manuel Poggi, otro empleado municipal.
A partir de esta decisión, aún no se conoce la suerte que correrá el testigo de identidad reservada, ya que en su momento el juez Faggionato Márquez aseguró que si esta persona incurrió en "falso testimonio, va a tener que responder penalmente" por su acción.