Cómo pueden modificarse las políticas públicas

Allí, Marcelo Regúnaga, ex secretario de Agricultura de la Nación, y Juan Cruz Jaime, analista político, expusieron sobre los condicionamientos y las herramientas políticas que llevaron a la Argentina a la crisis por la que atraviesa su sector agroindustrial.

“Mientras en el resto del mundo las políticas públicas alientan la producción, en la Argentina la limitan”, opinaron Marcelo Regúnaga y Juan Cruz Jaime.

Para Regúnaga, “la política argentina ha generado una desprotección que ha impactado desde -7/-9 hasta -30% en el ingreso de los productores”. Jaime agrega que es clave que el sector privado tenga una mayor participación en el diseño de las políticas a largo plazo y el paso fundamental hay que darlo en el Congreso.

El ex funcionario analizó los instrumentos de política pública en distintos países y señaló que para que estos sean eficientes deben tener en cuenta tres elementos: la importancia que tiene la agricultura en el país, el potencial de la actividad y la misión que la sociedad le atribuye al sector. En ese marco, existen instrumentos para la protección y el fomento de la producción y las exportaciones, y otros que resultan limitantes (como los impuestos a las exportaciones, los controles de precios, etc.).

Regúnaga destacó que la UE y Japón tienen visiones vinculadas a la autosuficiencia alimentaria, a partir de la cual generan empleo, ingresos y un buen ambiente rural. Así trabajan con niveles de arancel a la importación altos, subsidios internos y apoyos indirectos. “El 30% del ingreso de un europeo resulta de las políticas de protección a la producción”, afirmó. Y agregó que hay que tener en cuenta que la participación de la agricultura en el producto bruto europeo es muy baja.

Brasil y Australia (perfiles más parecidos a los de Argentina) han desarrollado una visión de país competitivo. En ellos, la agricultura es una fuente importante del crecimiento económico y de las exportaciones. De allí que se hayan impulsado políticas a largo plazo pro-competitivas, a través de apoyos internos indirectos (créditos, investigación y desarrollo, inversión en infraestructura y un marco institucional sin intervenciones), así como precios internos que promueven la oferta competitiva. ”Es una política eficiente para aumentar la oferta de alto peso en su producto bruto global, en el desarrollo del interior y en el empleo. Entre el 3 y el 5% del ingreso de los productores se debe a estas políticas”, apuntó Regúnaga.

La situación en Argentina es bastante distinta. Su visión es la de un país proveedor de alimentos baratos con el fin de dar competitividad a otros sectores y que sea fuente de recursos fiscales federales. Para ello, se han instrumentado impuestos y barreras a las exportaciones, impuestos internos al comercio y a la producción y se ha regulado sin marco institucional. Así, los precios internos son sustancialmente menores a los que podrían ser, lo que produce una caída en la oferta. Y si bien los ingresos fiscales federales son altos en el corto plazo, se produce déficit en las provincias. “Estamos frente a una política ineficiente para el crecimiento, el empleo y el desarrollo regional, que implica una desprotección que ha variado desde -7/-9 hasta -30% en el impacto sobre el ingreso de los productores”, aseguró Regúnaga.

Finalmente, concluyó que para que Argentina pueda revisar su visión son necesarios tres elementos: un entorno de incentivos para promover la competitividad y el crecimiento en base a apoyos directos que no impliquen subsidios, un desarrollo social, una mejor distribución regional y un desarrollo ambiental sustentable.
 
Interacción
El analista político Juan Cruz Jaime fue el encargado de analizar las modalidades de interacción público-privada en el diseño de políticas públicas en dos países competidores y exitosos: Brasil y EEUU. Para el experto, lo que necesita el país es “encontrar soluciones racionales a problemas irracionales, y en eso el sector privado tiene mucho para dar”. “Hoy, el sector privado argentino ha perdido el control sobre la actividad parlamentaria, por eso debemos convertirnos en participantes activos en la elaboración de políticas públicas”, abogó.

En su estudio del caso brasileño, Jaime apuntó que el país vecino, a diferencia de nuestro sistema político, tiene un sistema pluripartidista, con un 40% de infidelidad partidaria, lo que permite una mayor movilidad política. Así, los 27 partidos que lo componen deben recurrir como práctica cotidiana a la negociación. Por eso es que se da la conformación de frentes parlamentarios y bancadas multipartidarias.

Otro elemento distintivo de Brasil es que prácticamente existe una sola entidad gremial, la Confederación Rural Agropecuaria (CNA), cuyo principal objetivo es participar en las discusiones y decisiones sobre políticas agrícolas. De los 29 miembros de su cúpula directiva, más del 20% alguna vez fue candidato a diputado o senador. De hecho, su presidenta, Kátia Regina de Abreu, es senadora. “En Brasil, el sector agroindustrial no espera a ver las leyes sancionadas, sino que participa dentro del Congreso con la participación de la titular de la CNA”, explicó Jaime.

El especialista destacó la labor de la Bancada Ruralista en el seno del Parlamento, a la que definió como un espacio multipartidario de conciencia agropecuaria. “Tiene representatividad de 22 de los 27 estados brasileños. Se defienden los intereses de todas las regiones y su principal fortaleza es que es un eficaz representante del sector en el congreso”, sostuvo.

El caso de EEUU difiere, pero da lugar también a una mejor interacción pública-privada. Allí, la figura clave es el lobbista, entendida sin ningún sentido peyorativo. “El lobby está institucionalizado desde 1946 y es una forma de llevar adelante las capacidades del sector a través  de un intermediario que permita no ir al choque”, apuntó. Según Jaime, las relaciones entre el congreso y los grupos de presión han mejorado notablemente gracias a la acción del lobbista.

Finalmente, el analista concluyó que ambos sistemas permiten tres elementos fundamentales: una contención para los actores y reclamos del sector productivo, un apoyo técnico permanente a los legisladores y la capacidad de generar una “conciencia agropecuaria” en los distintos ámbitos parlamentarios.