En la Argentina se habla cada vez menos de violencia de género. Y esa afirmación, por sí sola, debería inquietarnos.
No porque el tema haya perdido relevancia. No porque las cifras permitan hablar de un problema superado. Tampoco porque las violencias hayan dejado de atravesar vínculos, hogares, espacios laborales, instituciones o ámbitos comunitarios. Se habla menos porque la cuestión fue perdiendo centralidad en la agenda pública, política e institucional.
Y cuando una problemática estructural deja de ocupar un lugar sostenido en esa agenda, no desaparece: se vuelve menos visible, menos discutida y, muchas veces, menos urgente para quienes tienen capacidad de intervenir sobre ella.
Los datos del Observatorio de La Casa del Encuentro muestran que entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026 se registraron 142 víctimas fatales de violencia de género y 300 intentos de femicidio en Argentina.
En el 55 por ciento de los casos, los agresores eran parejas o exparejas; el 69 por ciento de las víctimas directas fueron asesinadas en su hogar y el 17 por ciento había realizado denuncias previas. Estos números no describen una agenda agotada. Describen una realidad que sigue exigiendo respuestas.
Durante años, Argentina avanzó en un cambio cultural, jurídico e institucional importante: comprender que la violencia contra las mujeres no pertenece al ámbito de lo privado.
Ese reconocimiento implicó asumir que no estamos frente a conflictos individuales, sino frente a vulneraciones de derechos que comprometen responsabilidades estatales concretas.
La Ley 26.485 no es una declaración simbólica. Establece obligaciones de prevención, asistencia, sensibilización, articulación institucional y protección integral frente a las violencias por motivos de género. Es decir: el Estado no tiene la opción de mirar o no mirar este problema según el clima político del momento. Tiene deberes jurídicos.
Por eso, cuando se desjerarquizan políticas, se reducen dispositivos, se debilita la formación, se omite la perspectiva de género o se retira esta problemática de la conversación pública, no estamos solamente ante un cambio de estilo discursivo.
Estamos ante una cuestión que debe analizarse también desde el cumplimiento efectivo de obligaciones legales. Hay además un efecto simbólico que no puede subestimarse. Cuando desde lugares de representación política o institucional se relativiza una denuncia, se ridiculiza una situación de violencia o se coloca bajo sospecha a quien denuncia, el mensaje excede a la persona que lo pronuncia.
Una banca legislativa, una función pública, una representación estatal , incluso profesionales del derecho, no son lugares neutros: la investidura amplifica el discurso.
Y cuando ese discurso desacredita, minimiza o banaliza, puede reforzar silencios que ya existen. Puede desalentar pedidos de ayuda. Puede legitimar prejuicios. Puede volver a instalar preguntas que el derecho y la experiencia deberían haber dejado atrás.
Una de ellas es la más conocida: ¿por qué no se fue antes? Otra: ¿por qué no denunció? O, todavía peor, ¿por qué volvió?
Como abogada especializada en violencia de género, sé que esas preguntas pueden desplazar la responsabilidad hacia la víctima. Salir de una relación violenta no es siempre una decisión lineal ni inmediata. Puede haber dependencia económica, amenazas, hijos e hijas en común, aislamiento, miedo, violencia psicológica, manipulación o pérdida progresiva de autonomía.
Desde el derecho, ninguna de esas circunstancias modifica la responsabilidad de quien ejerce violencia.
Y desde una perspectiva de género, además, podemos comprender por qué esas situaciones no se explican únicamente desde decisiones individuales.
La perspectiva de género no es una consigna ni una pertenencia partidaria: es una herramienta de análisis que permite identificar desigualdades, relaciones de poder y formas de violencia que afectan de manera diferencial a mujeres y varones.
Prescindir de esa perspectiva no vuelve más neutrales al Estado ni a las instituciones. Muchas veces los vuelve menos capaces de reconocer el problema que tienen delante.
También por eso resulta preocupante que la violencia de género pierda espacio en la agenda política. No porque todas las políticas anteriores hayan sido perfectas ni porque no deban evaluarse.
Evaluar, corregir, medir resultados y revisar herramientas es parte de una política pública seria. Pero una cosa es revisar cómo se interviene y otra muy distinta es relativizar la existencia del problema.
La violencia de género no debería depender de quién gobierna para ser reconocida como una cuestión de derechos. Los gobiernos cambian. Los derechos no. Los medios de comunicación tienen un rol relevante, pero no son los únicos responsables de instalar o retirar temas de la conversación social.
La política, la Justicia, las instituciones educativas, los clubes, los espacios laborales, las organizaciones sociales y cada ámbito con capacidad de producir sentido participan de ese proceso.
Por eso el problema no es que un noticiero hable menos de violencia de género. El problema es que Argentina, en términos generales, haya corrido esta cuestión de su agenda colectiva y vuelva sobre ella, muchas veces, recién cuando un femicidio adquiere notoriedad pública. Esa lógica transforma la prevención en reacción.
Y una política de derechos no puede organizarse alrededor de la conmoción. No puede depender de que una víctima tenga un rostro conocido, de que un caso sea especialmente cruel o de que una historia logre instalarse durante algunos días en la conversación pública.
La violencia que no llega a los titulares también existe. La mujer que todavía no pudo denunciar también existe. La que denunció y sigue teniendo miedo también existe. La que atraviesa violencia psicológica, económica o simbólica también necesita respuestas, aun cuando no haya una lesión visible ni una cámara en la puerta de su casa.
Hay avances culturales que costaron décadas y que no pueden darse por definitivamente adquiridos.
Haber aprendido a nombrar un femicidio, reconocer la violencia psicológica, identificar el control como una forma de sometimiento o comprender que la víctima nunca es responsable de la violencia que padece fueron transformaciones profundas.
Pero los consensos también se deterioran cuando dejan de sostenerse. No se trata de repetir consignas ni de convertir cada discusión en una disputa ideológica.
Se trata de algo más exigente: preguntarnos cuánto estamos previniendo, cuánto estamos acompañando, qué respuestas reciben hoy las mujeres que atraviesan violencia, qué mecanismos funcionan, cuáles dejaron de hacerlo y qué responsabilidad asume el Estado frente a esas respuestas. Y también preguntarnos qué sucede cuando el poder deja de nombrar un problema.
Porque cuando el Estado retira centralidad, estructura, lenguaje o prioridad pública de una problemática, ese corrimiento no queda encerrado en la administración. Produce sentido. Lo que deja de nombrarse desde los lugares de decisión también empieza a perder espacio en las instituciones, en los medios y en la conversación social.
Fuente estadística: Observatorio de La Casa del Encuentro. Relevamiento enero-julio de 2026.
Instagram: @paulaojedaok