Cuando la sociedad parecía fracturada casi en su totalidad por defender o crucificar a Alberto Fernández y al Gobierno en su conjunto por la decisión de mantenerse rígido y prolongar por más de 150 días la cuarentena, un nuevo frente de tormenta coptó en gran parte a la opinión pública. Es que si bien una importante porción de la sociedad no puede -ni quiere- pensar en otra cosa que en su salud o los enormes sacrificios que habrá que hacer para volver a reactivar una economía de rodillas, la toma de tierras en distintos puntos del país reavivaron viejas disputas ideológicas.
Los casos más notorios se dieron en Villa Marcardi, Bariloche y en Guernica, pero la usurpación de tierras en los últimos días tuvo tantos ejemplos como kilómetros cuadrados de extensión tiene el territorio nacional. Varios puntos del Conurbano y del resto del país vieron como decenas de personas con chapas, maderas y lo que pudieran improvisar para armar una casilla llegaban a grandes extensiones de tierra. Algunos, claro está que fueron motivados o empujados por la penosa situación económica y social que deja la pandemia, y el doloroso desempleo que hoy convive con gran parte de la población. Pero es imposible negar que -como siempre- también existen otros ejemplos que intentarán adueñarse de un pedazo de tierra para luego hacer venderlo y hacer negocios.
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Es tan cierta una y otra hipótesis que esto es el combustible perfecto para que esas posturas sean válidas, y reaviven el debate en la sociedad. Están los que entienden que donde hay una necesidad hay un derecho, que se paran en una de las veredas de la ancha avenida ideológica, y ver azorados a los que militan del otro lado de la calle, sin posibilidad de unir ambos puntos de conflicto. Esos mismos, son los que solo piensan en el delito que significa tomar una propiedad privada, sin importar si esa persona quedó en la calle, es un sin techo o cualquiera de los cientos de fundamentos válidos que pueden empujarlo a esa decisión. Y es tan álgida la pulseada que hasta explotó adentro del propio Gobierno. Y hasta obligó a Alberto Fernández a tener que pronunciarse.
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Desde el seno más íntimo del albertismo siempre esperaron el fuego enemigo, pero lo que nunca imaginaron es que el fuego amigo iba a llegar tan rápido. Sin tener en cuenta el contexto de la pandemia aunque las enormes diferencias que todos conocen entre los dos grandes frentes que conforman la coalición en el poder (llámese kirchnerismo y el propio espacio del Jefe de Estado) siempre existieron y ahora se encendieron como si un bidón de nafta haya caído en la hoguera.
UN ROUND POR TV ENTRE BERNI Y EL CHINO NAVARRO
El actual Ministro de Seguridad bonaerense y uno de los máximos soldados que tiene el kirchnerismo en el entramado de poder del Gobierno de Alberto no anduvo con chiquitas y apuntó contra otro miembro del espacio que gestiona el poder. En un cruce picante en América 24, Berni acusó al Movimiento Evita y a Fernando El Chino Navarro de estar atrás de las tomas de tierras en el Conurbano. Así, aunque parezca mentira ambos integrantes del Frente de Todos no lavaron los trapitos sucios en casa y lo hicieron públicamente. Esta pelea de posturas no hizo más que demostrar que la pulseada llegó al Gobierno y tiene actores de un lado y del otro del cuadrilátero.
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"Es un disparate que Pérsico y yo estemos a favor de la toma de tierras. Estamos en desacuerdo. Lo que sí decimos es que si se produce una ocupación, además de defender al titular de la propiedad, se resuelve dialogando y no con una topadora y con la guardia de Gendarmería. La crisis de la pandemia no se resuelve con violencia, la ley se puede cumplir hablando y dialogando", agregó el referente del Movimiento Evita.
KICILLOF CERRÓ FILAS CON LOS GOBERNADORES
Ante la escalada de dolores de cabeza para los Alcaldes del Conurbano y el resto de la Provincia de Buenos Aires, el Gobernador juntó a la tropa e intentó bajar una postura clara para adentro y afuera de las distintas administraciones. "Las usurpaciones no sólo son ilegales, sino que además producen situaciones injustas", dijo Axel Kicillof y dejó en claro su postura.
Kicillof se reunió esta semana durante unas tres horas con los jefes comunales de Presidente Perón, Blanca Canteros; Avellaneda, Jorge Ferraresi; Florencio Varela, Andrés Watson; Berazategui , Juan José Mussi; San Vicente, Nicolás Mantegazza; Berisso, Fabián Cagliardi; La Matanza, Fernando Espinoza; San Fernando, Juan Andreotti; Quilmes, Mayra Mendoza; y Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, para coordinar acciones conjuntas para abordar la problemática de las tomas ilegales.
También estuvieron presentes los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; Justicia, Julio Alak; Seguridad, Sergio Berni; Gobierno, Teresa García; Infraestructura, Agustín Simone y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.
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Según informó la Gobernación, se acordó con los intendentes "un plan de acción que consta del establecimiento de una mesa de trabajo conjunta entre la Provincia y los municipios del AMBA, de modo de dar un abordaje integral a la problemática con acciones de carácter coyuntural y estructural".
ALBERTO SALIÓ AL CRUCE Y TIENE NUEVO PLAN DE SEGURIDAD
El presidente puso en marcha el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para los municipios bonaerenses que integran el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), con una inversión total prevista de 37.700 millones de pesos.
Las medidas incluyen una inversión de 37.700 millones de pesos para 2.200 nuevos móviles, 4.000 paradas seguras, 12 unidades carcelarias, 3.957 nuevos efectivos de las fuerzas federales en el Gran Buenos Aires y 10.000 nuevos agentes que se formarán durante 18 meses en academias descentralizadas en los municipios.
Además, a través de un convenio con la provincia de Buenos Aires,Además, a través de un convenio con la provincia de Buenos Aires, se transferirán 10 mil millones de pesos para adquirir chalecos antibalas, cámaras de seguridad, armamento, municiones, tecnología analítica aplicada y móviles policiales.
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En cuanto al despliegue de fuerzas federales en el conurbano, se informó que el Gobierno invertirá 3.780 millones de pesos y que habrá un incremento de 100% de las fuerzas en operativos de seguridad, con un total de 3.957 agentes más.
También se comunicó que se construirán 12 unidades carcelarias con 5 mil nuevas plazas y una inversión de 12.800 millones de pesos: dos unidades de 1.000 plazas cada una y 10 alcaidías de 300 lugares cada una.