La pandemia dejó de lado por un rato la grieta. Es normal ver reunido a Alberto Fernández junto con Horacio Rodríguez Larreta y con Axel Kicillof casi a diario, para debatir los pasos a seguir e intentar que la curva de contagios se aplane. Sobre todo en la Ciudad y el Conurbano bonaerense, los dos distritos más castigados hasta el momento y los que mayor tránsito tienen día a día con el covid-19.
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Sin embargo, en las últimas semanas dos compras sospechosas no tuvieron el mismo tratamiento en la opinión pública y reavivaron nuevamente esa grieta que la clase política dejó en suspenso, y todos celebramos. Ambas operaciones con dineros públicos muestran irregularidades y son graves. Una involucra a Desarrollo Social y la gestión de Daniel Arroyo, que rápidamente tuvo la intervención del Jefe de Estado, y se desactivó la bomba, no sin antes cobrarse la cabeza de varios empleados públicos.
Y la otra, para equilibrar la balanza y ser equitativo con todo el arco político, tiene ligado a un alto funcionario de la administración de Larreta en CABA. Si bien fuentes de la Ciudad desmintieron a 24CON cualquier lazo de la empresa que ganó la licitación con alguien cercano a un funcionario de peso, será la Justicia la encargada de investigar ambos casos pero siempre es bueno ponerle la lupa a cualquier irregularidad, ya que no sólo se cuestiona quién vendió, sino sobretodo el precio pagado, nada que ver con lo que dicta el mercado.
Cuando el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación compró alimentos para repartir entre los sectores más vulnerables y se destapó la olla, el Presidente recogió rápidamente el guante y descabezó el sector de compras de la cartera que lidera Daniel Arroyo. El Ministro no sólo recibió un tirón fuerte de orejas de Alberto sino que también debió hacerse cargo del costo político y el propio Jefe de Estado en conferencia recalcó que le había dicho a Arroyo "que no podía volver a pasar", en un claro ultimatum para uno de los funcionarios en quién más confía.
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Por ese escándalo que demostró sobreprecios mayores al 50% en algunos casos, quince funcionarios -incluyendo la mano derecho del líder de Desarrollo Social- dejaron su cargo y se cambió la forma de compra del Estado.
En las últimas horas, un escándalo parecido explotó en el ámbito de la Ciudad, con algunos condimentos extras. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta compró 15 mil barbijos especiales para el personal de salud y gastó 45 millones de pesos. Hasta ahí, nada raro, ya que las inversiones para tratar de frenar la pandemia son enormes. Pero al revisar detalladamente la compra se pagaron 3 mil pesos por cada uno, cuando su valor es mucho menor.
Al investigar sobre la empresa que vendió semejante lote y encima con sobreprecios aparece Green Salud, perteneciente al abogado Ignacio Saenz Valiente quien además de tener un grupo de compañías con el nombre Green, también es director del Grupo Clarín y la empresa Telecom. La familia Sáenz Valiente es dueña de un reconocido buffet de abogados y según consta en la licitación que salió publicada en el boletín oficial de la Ciudad el pasado 8 de abril fue quién se quedó con esta operación, que a priori, parece flojita de papeles.
Sin embargo, al pasar las horas otro dato importante salió a la luz: Rodrigo Miguel es el hermano de Felipe Miguel, quién se desempeña como el Jefe de Gabinete de Larreta y su mano derecha, es socio de Saenz Valiente. Cómo mínimo resulta poco ético ser proveedor de la gestión donde su hermano es uno de los funcionarios más importantes y esa operación se hizo con un importante sobreprecio.
Ahora la Justicia tiene la tarea de investigar los detalles de esa licitación y determinar si hubo corrupción o negligencia. Mientras tanto, cuando le preguntaron a Larreta en público, no supo que decir.