El cimbronazo por la decisión de Alberto Fernández de ponerle un tope a las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial todavía resuena por los pasillos de Comodoro Py y los Tribunales porteños. Los portazos y los enojos están a la orden del día y son moneda corriente.
Hoy, según indica el Boletín Oficial, el gobierno aceptó cinco nuevas renuncias. Es que los magistrados Fernando Adolfo Larraín (juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Capital Federal); César Osiris Lemos (juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la Capital Federal); Rita de la Ascensión Garese (Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias de la Capital Federal N° 3); Ricardo Manuel Rojas (juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal) y la fiscal Irma Adriana García Netto (fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal), decidieron dejar sus cargos.
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Estas salidas se suman a las de otros hombres y mujeres de la Justicia que decidieron dar un paso a costado porque no están de acuerdo con los términos de la ley que discute el Congreso y prefieren retirarse antes para no ser alcanzado por la nueva ley, si es que el Senado la aprueba esta semana. Luego de la media sanción en la Cámara baja, esta semana se trasladará la discusión a un plenario de Comisiones en el Senado.
Mañana a las 17, un plenario de comisiones debatirá el proyecto de ley. El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, señaló que la normativa "no requiere tratamiento urgente" pero consideró que "los tiempos apremian" y, en ese marco, pidió abrir la discusión esta misma semana apenas ingresó a la Cámara alta la media sanción emitida el jueves pasado por la Cámara de Diputados.
LOS DETALLES DEL PROYECTO
En la iniciativa que envió el gobierno y tiene media sanción, se propone una reforma de las jubilaciones especiales de la justicia y el servicio exterior para disminuir el fuerte déficit que hoy tiene ese régimen especial. La propuesta del Gobierno establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial que hoy es del 82 por ciento del último sueldo y que en el futuro se hará en base al promedio de los últimas 120 remuneraciones al valor actualizado.
El texto del proyecto con media sanción de Diputados también fija que podrán acceder a esta jubilación especial magistrados y fiscales, prosecretario administrativos y jefes de despachos, y los miembros del servicio exterior. Además, aumenta en forma gradual a 65 años la edad para acceder en el caso de los hombres al beneficio jubilatorio, pero mantiene en 60 años la opción para las mujeres.
Para acceder a este régimen de privilegio deberán haber trabajado 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma interrumpida de los 30 años que deberán haber aportado al sistema jubilatorio.