Kristalina y CFK: otro cortocircuito entre el FMI y la vice por la quita
Kristalina Georgieva, la directora gerente del fondo, mandó un tiro por elevación al pedido de Cristina y dejó en claro que la deuda no se modifica.
Descubrir qué no hay feeling entre Cristina Fernández de Kirchner y el FMI no merece ningún chocolate por la noticia. El tironeo no se oculta de ninguno de los dos sectores y la última semana tuvo una escalada explosiva. Mientras el organismo resalta que las relaciones con el Ministro Martín Guzmán y sobre las negociaciones para reperfilar los vencimientos, marchan viento en popa, declaró la enemistad pública con la vicepresidenta.
Hace una semana, desde Cuba, CFK levantó la voz y exigió al Fondo que haga una quita de la deuda argentina, porque Macri utilizó el dinero para dejar que se fuguen capitales. El primero en poner el grito en el cielo fue el vocero del organismo, Gerry Rice, quien afirmó que por estatuto está prohibido realizar una quita de las deudas. Y ahí fue cuando Cristina -ni lerda ni perezosa- utilizó twitter para contratacar y recalcar que también en los contratos de la deuda afirmaba que no se podía disponer del dinero, para la especulación financiera, algo que luego quedó en evidencia en el gobierno de Macri.
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Sin embargo, la escalada verbal pública entre el FMI y Cristina sumó un nuevo actor, esta vez otro protagonista de peso. Kristalina Georgieva, la directora gerente del fondo, quien rechazó cualquier quita en la deuda argentina. "Nuestra formulación legal es tal que no podemos tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global", afirmó en una entrevista televisiva con Bloomberg.
La misión técnica del FMI está en Buenos Aires hasta el miércoles y en estos días de estadía en el país se reunieron con funcionarios para evaluar la sostenibilidad de la deuda. Las conversaciones con el FMI, al que Argentina debe USD 44.000 millones, serán clave para una negociación aún mayor con los tenedores privados de bonos a fin de evitar un incumplimiento. "Entendemos la necesidad de analizar cuidadosamente la carga de la deuda. Es el trabajo del Gobierno, no del FMI", agregó Georgieva cuando se le preguntó sobre la "profunda reestructuración de la deuda" planteada por el ministro de Economía, Martín Guzmán.
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"Se necesita más tiempo para obtener datos sobre la sostenibilidad de la deuda del país. En términos generales, apoyamos mucho el compromiso de este Gobierno de estabilizar la economía y volver al crecimiento", puntualizó la titular del FMI y dejó en claro que no es lo mismo Alberto que Cristina.
La Argentina es el principal deudor del FMI, con una línea por USD 44.000 millones que equivale al 43% del total que hoy tiene prestados el organismo a sus países miembro. Las tenencias de acreedores privados más que duplican esa cifra. El Gobierno prioriza, por razones de magnitud y agenda, la reestructuración con los acreedores privados. Es más del doble que la deuda con el FMI, y los vencimientos son cuantiosos a partir de abril, de ahí el objetivo de cerrarla el 31 de marzo. En cambio, el primer vencimiento con el FMI recae en septiembre de 2021 y las sumas más pesadas en 2022 y 2023.
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El Fondo estima que la Argentina necesita hacer una "quita" de capital a los acreedores privados cercana al 20%, trato que por estatuto rechaza para sus propias acreencias. La Argentina es por buen margen el principal deudor del Fondo, seguido por Egipto, Ucrania, Pakistán y Grecia. Entre los cinco explican más del 77% de la cartera de deudores del organismo, pero esa cartera equivale a 15% del capital del Fondo y 10% de su "capacidad prestable total".
La deuda argentina con el Fondo equivale al 43% de la actual cartera crediticia del organismo, al 6,5% de su capital y al 4,3% de su "capacidad prestable", que surge de sumar a su capital líneas bilaterales de países como EEUU, Japón, China y Alemania. Estos son, precisamente, los principales accionistas, lo que se refleja en su poder de voto en el directorio de 24 "sillas" del Fondo, donde tallan fuerte EEUU y algunos países de Europa y Asia.
Según el cronograma del ministro de Economía, Martín Guzmán, en lo que queda de febrero el Gobierno debería iniciar un período de 10 días de consulta con los acreedores privados para afinar una propuesta formal de reestructuración.
