No todo es fiesta: las causas que acorralan a los K

Cristina Fernández de Kirchner tiene en su haber diez procesamientos confirmados, seis de los cuales están en juicio oral. De esta manera, la flamante vicepresidenta ya cuenta con dos pedidos de prisión preventiva. Las diez causas que enfrenta Cristina se dividen en solo dos juzgados de Comodoro Py: por un lado, Claudio Bonadio procesó a la ex senadora en siete oportunidades; mientras que Julián Ercolini lo hizo en las tres restantes. En tanto que, Máximo y Florencia Kirchner están involucrados cada uno en dos causas, que están en juicio oral y público. 

 La semana pasada, Cristina declaró ante el Tribunal Oral N°2 por la causa Vialidad, que fue iniciada por una denuncia del ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. Se trata de una investigación por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras públicas a las compañías de Lázaro Báez, en Santa Cruz. La Justicia investiga el rol de la expresidenta como presunta líder de una asociación ilícita encargada de manipular las licitaciones.

 Para el juez de primera instancia, Julián Ercolini, la supuesta irregularidad surge de las licitaciones. De un total de 88 proyectos realizados en Santa Cruz entre 2004 y 2015, las empresas vinculadas a Báez obtuvieron 51 contratos por 46.000 millones de pesos. Por su parte, la defensa de la vicepresidenta objetó que el delito ya fue juzgado en los tribunales de Santa Cruz, donde la exmandataria ya fue sobreseída por lo que, sostiene su defensa, este expediente carece de la prueba necesaria.

 Cristina previo a declara ante el Tribunal Oral N°2. Tiene seis expedientes en juicio oral. 

Por otra parte, la causa Dólar Futuro fue la primera en ser elevada a juicio oral. En este expediente se investiga la venta de contratos futuros de dólar a un precio menor al del mercado lo que habría provocado un perjuicio económico para el Estado de 54,4 millones de pesos. La investigación se originó a partir de una denuncia realizada por legisladores de Cambiemos y Bonadio en 2017 y ya cerró la etapa de instrucción para que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 juzgue a los imputados. 

 Entre los procesados por autorizar esta maniobra se encuentra Cristina junto con el exministro de Economía Axel Kicillof, el exdirector del Banco Central Alejandro Vanoli y otras autoridades de ese organismo. El delito que se les acusa es "administración infiel en perjuicio de la administración pública". Por su parte la defensa de la expresidenta alegó que Fernández "no obtuvo rédito personal alguno a través de la celebración de contratos de dólar futuro, lo cual da cuenta de que nunca ha obrado con el fin de procurar para sí un lucro indebido". 

 El Memorándum de entendimiento con Irán es otra causa en la que intervino Bonadio, donde la exsenadora por la provincia de Buenos Aires fue enviada a juicio oral y público por firmar dicho pacto. Tanto el magistrado como la Cámara entendieron que la firma del documento fue un plan para beneficiar a los iraníes acusados del atentado a la AMIA, por el que tenían pedido de captura internacional.

Se acusa a Cristina y 11 funcionarios más de encubrimiento agravado, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad. Además, Bonadio solicitó la prisión preventiva de la nueva vicepresidenta, quien evitó ser detenida por poseer fueros. En este caso será juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8. En varias oportunidades la exsenadora remarcó que esta causa se trata de una persecución política liderada por el gobierno de Mauricio Macri. 

 Tras conocerse la información de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, Bonadio procesó a la ex presidenta por considerarla jefa de una asociación ilícita. Por esta causa, el magistrado solicitó nuevamente la prisión preventiva de Fernández. El expediente fue elevado a juicio oral y el Tribunal Oral Federal N°7 se hará cargo del caso.

 El abogado defensor de la vicepresidente, Carlos Beraldi solicitó ante la Cámara de Casación que se removiera la prisión preventiva, tras considerar que "no tiene fundamentos". Además calificó la medida como arbitraria y remarcó que el magistrado nunca había solicitado esta herramienta jurídica por riesgo de entorpecimiento hasta que Cristina Fernández se presentó como candidata a senadora. "El hecho de que alguien pase a tener un fuero no puede ser una circunstancia de riesgos procesales", dijo. 

 Por otro lado, la vicepresidenta también fue procesada por formar parte de asociaciones ilícitas dedicada al lavado de dinero, en el caso Hotesur y Los Sauses. Ambos expedientes fueron unificados a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, por orden de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. 

En el expediente conocido como Los Sauces, se investiga el pago de alquileres realizados por Lázaro Báez y Cristóbal López  a la firma de la familia Kirchner, como presuntos "retornos" a cambio de los contratos que los empresarios recibían del Estado.

 La situación judicial de Cristina también tiene su correlato en sus propios hijos. Los Sauces fue la primera denuncia que involucró a Máximo y Florencia Kirchner. Al actual diputado nacional se le imputó "haber tomado parte en una asociación ilícita, en calidad de organizador". Mientras que su hermana supuestamente ingresó a la sociedad en calidad de miembro, tras la muerte de Néstor Kirchner. Se le imputó a Florencia haber formado parte de la dirección de un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito. 

 En el caso Hotesur la familia Kirchner es investigada por presunto lavado de dinero a través del alquiler de 935 plazas hoteleras a la empresa de Báez. La justicia debe comprobar si fueron utilizadas o fueron simulaciones para que ingrese dinero al patrimonio de los Kirchner. Tanto, Cristina como Máximo y Florencia fueron procesados ya que intervinieron como accionistas de la compañía hotelera. Por la causa Hotesur y Los Sauces, la vicepresidente declaró: "Los fiscales dicen que el retorno de las obras públicas que hacía Lázaro Báez en Santa Cruz se paga a través del alquiler de habitaciones. Pero no dicen que las obras son 16 mil millones y los contratos son en cinco años 20 millones de pesos. Para ser delincuentes, bastante idiotas los delincuentes. ¿Les dábamos un hotel de cinco estrellas de más de 100 habitaciones de arriba?". 

 En tanto, para Beraldi "es tan arbitraria la intimación que ni siquiera se precisa cuáles son las conductas que conforman la supuesta maniobra de blanqueo de capitales, cuándo se habría consumado, ni el modo en qué se habría afectado el bien jurídico tutelado por la norma". 

 Por otro lado, Bonadio desprendió nuevas denuncias de "los cuadernos de las coimas" contra la vicepresidenta que se encuentran en etapa de instrucción. Entre ellas, la cartelización de la obra pública, donde Ernesto Clarens, reconoció haber sido el recaudador del dinero que pagaban los empresarios. El financista aportó planillas sobre los pagos que, una vez traspasados a dólares o a euros, habrían sido entregados en bolsos a Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor Kirchner. En esta causa, Cristina fue procesada porque se la presume como coautora del delito de cohecho pasivo. 

 En la misma línea de los cuadernos, Bonadio procesó a la expresidenta por haber recibido pagos que, supuestamente, provenían de subsidios a trenes y subtes. Por este expediente, la Sala I de la Cámara Federal confirmó, a mediados de este año, el procesamiento de Cristina, junto a Julio De Vido y Ricardo Jaime. 

 Asimismo, la vicepresidente obtuvo una confirmación de su procesamiento en la causa donde se la acusa de peculado por utilizar aviones oficiales para trasladar muebles y objetos a sus hoteles, desde Buenos Aires a Río Gallegos y el Calafate. Se trata de otra investigación que surgió a partir de los cuadernos de Centeno. 

 Por último, tras realizarse allanamientos en las propiedades de Cristina en Santa Cruz, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, se encontró una carta que el libertador José de San Martín le escribió desde Francia a Bernardo O' Higgins en 1835 y un prontuario del expresidente Hipólito Yrigoyen. Por mantener dichos objetos históricos entre sus posesiones, Bonadio dispuso procesarla por presunto "ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos". 

Fuente: Equipo Periodístico de Perfil