Cómo la Provincia y las farmacias pyme le ganaron la guerra a Farmacity

"Nunca pensamos que esto podía llegar al nivel de la Corte Suprema de la Nación, pero fue el gobierno de Mauricio Macri, con su jefe de gabinete, Mario Quintana, quienes presionaron fuertemente al procurador Casal y a la Corte para que esto tenga lugar", afirmó en diálogo con 24Con.com, el senador por la Cuarta Sección Electoral y presidente de la Comisión de Salud Pública del Senado provincial, Gustavo Traverso.

En el año 2017, el entonces CEO de la cadena de farmacias Farmacity y funcionario del gobierno de la alianza Cambiemos, Mario Quintana, acusó de inconstitucional a la Ley 10.606, promulgada en 1987, que establece el Régimen de Habilitación de Farmacias en la provincia. En aquel año la disputa ya había pasado por otras instancias y escaló hacia la CSJN tras un derrotero legal, iniciado en 2012. "Con el fallo de la Corte se quedaron sin lugares a donde golpear puertas", sostuvo Traverso. 

El eje de las críticas giraba en torno a los artículos 3 y 14 de la normativa, ya que en los mismos se determina, por un lado, el criterio de distribución de las farmacias: una cada 3.000 habitantes y a una distancia no menor a 300 metros, y por otro, la propiedad de los establecimientos, que impide el arribo de sociedades anónimas, punto que el propio Quintana llegó a catalogar en varias oportunidades como "la promoción de un monopolio legal".

"Nosotros en la Provincia sostenemos que el servicio de farmacias hecho en sociedades anónimas y en redes, como Farmacity, es nocivo para este servicio público", afirmó Traverso. 

La presencia de las cadenas regentadas por sociedades anónimas en los territorios provinciales es defendida por sus partidarios bajo el argumento de ser "generadoras de empleo''. Sin embargo, el Senador provincial responde categórico: "Eso es una mentira. Hablando en términos comerciales y no en términos sanitarios, es el mismo cuento de los grandes supermercados, de los Carrefour o WalMart, que venían a mejorar el precio y lo que hicieron fue fundir a todos los almacenes de barrio. Acá en Argentina el 80% del empleo lo generan las pequeñas y medianas empresas". 

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, en diálogo con 24Con, también se pronunciaron a favor de la resolución de la Corte, sosteniendo que "en materia de acceso a la salud hay que preservar la disposición territorial".

"Celebramos al Poder Legislativo como el ámbito de los consensos y disensos. Nada menos que cuestiones de la salud pública no pueden discutirse en el terreno judicial", señaló el abogado de la Defensoría, Jerónimo Guerrero Iraola y remarcó que "esta no es una causa contra Farmacity, es una causa en defensa de la salud pública. El mercado queda fuera de la discusión". 

Por su parte, voceros de la empresa se expidieron de manera escueta sobre la resolución, lamentando que se dificulte "a los bonaerenses tener más acceso a la salud tal como era nuestro propósito" y que continuarán "con total apego a las leyes y por supuesto, dentro del marco definido por el fallo de la CSJN, invirtiendo y trabajando para llegar a la mayor cantidad de habitantes de la provincia, generando empleo de valor, y colaborando con los distintos actores del sistema de salud para potenciar el modelo sanitario".