En la Ciudad, después de años de subsidiar las ganancias de Metrovías, el gobierno del PRO pretende entregar la concesión a fin de año con un nuevo tarifazo aprobado, llevando el boleto a $16,50. Un aumento de 120% en apenas 6 meses, que se haría efectivo con un incremento de a $1 por mes desde noviembre de 2018 hasta febrero de 2019.
El gobierno tiene que realizar antes una nueva audiencia pública. Una mera formalidad, ya que el aumento ya había sido adelantado por SBASE hace un mes.
Las audiencias, al no ser vinculantes, se transforman en un mero trámite para el gobierno que desoye a la gran mayoría de los expositores que justifican el rechazo al aumento.
En estos momentos, todavía se encuentra en la Justicia un amparo presentado por Myriam Bregman, Patricio del Corro y Claudio Dellecarbonara que junto al Ceprodh, cuestionó la metodología de cálculo utilizada por la Ciudad para definir el aumento, que ya había sido impugnada por la Auditoría de la Ciudad. Mientras sigue pendiente la resolución a cargo de la jueza Patricia López Vergara, la Ciudad avanzó en un nuevo tarifazo que es un nuevo golpe a las finanzas de aquellos que usan diariamente el transporte público.
Myriam Bregman denunció la convocatoria y sostuvo que "vamos a volver a impugnar este aumento porque estas audiencias son una farsa, es un aumento que ya tienen acordado la Ciudad y Metrovías, al que se le garantizan ganancias extraordinarias y que jamás ha rendido cuenta de los subsidios recibidos, que este año podrán llegar a $4.000 millones. Hoy ya parece un chiste de mal gusto la promesa que habían hecho de 10 kilómetros por año".
En la justicia, los dirigentes del Frente de Izquierda habían denunciado que había gastos mal incluidos en la tarifa que Metrovías imputaba a los usuarios, cuando estaban bajo su responsabilidad, como $600 millones correspondientes a gastos de mantenimiento de la infraestructura del servicio o gastos propios de Metrovías. El tarifazo fue rechazado incluso por cientos de personalidades de derechos humanos, sindicales, políticas y sociales que exigieron la suspensión del mismo.
Patricio del Corro, diputado del PTS en el Frente de Izquierda, agregó que "no solo pasaban gastos que le correspondían a la concesionaria, sino que incluían gastos que nada tienen que ver con el servicio, como vouchers de comida en restaurantes de lujo, servicios de remises y hasta cursos de inglés. Es insólito que después de todo esto y de haber confesado pagar coimas por la explotación del subte, hoy se le mantenga la concesión a Aldo Roggio".
Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP insistió además con que "se tiene que acabar esta concesión, los trabajadores y los usuarios sabemos que la calidad del servicio deja mucho que desear y nosotros lo sufrimos en carne propia: en los últimos años, seis compañeros perdieron la vida por las malas condiciones de trabajo. El subte debe ser un servicio estatal gestionado por los trabajadores y los usuarios. Ya vimos que las concesiones privadas solo sirvieron para llenar los bolsillos de las empresas".
La audiencia pública serán el Centro Cultural Adán Buenosayres (Avenida Asamblea 1200) el 22 de octubre a las 12.30 horas.
Fuente: La Izquierda Diario