Pese a la crisis económica que golpea a todos los sectores, el intendente Julio Garro impulsa un proyecto para endurecer las sanciones y cobrarles multas millonarias a comerciantes, boliches, bancos y supermercados que no se ajusten a una ordenanza que rige en La Plata.
A través del presidente del Concejo Deliberante Darío Ganduglia, el oficialismo impulsó una modificación a la ordenanza 11.623 que obliga a los establecimientos a colocar cámaras de seguridad que funcionen las 24 horas para que sean incorporadas al Centro de Monitoreo Municipal.
En 2018, se sancionó el Programa de Expansión del Sistema Municipal de Videovigilancia que obliga a grandes superficies comerciales, cadenas de distribución, locales nocturnos y bancos, entre otros, a instalar cámaras de seguridad en el exterior de los locales.
Si bien la ordenanza original prevé sanciones para aquellos que la incumplen, ahora el bloque que responde al intendente Garro busca incrementar las multas para los comerciantes y empresarios de la capital provincial.
El nuevo proyecto propone que los lugares puedan ser clausurados o imponerles multas de 200 a 4.000 módulos, lo cual implica una sanción que va desde los 108.500 pesos hasta los 2.169.360.
La iniciativa también propone sancionar a aquellos comerciantes que difundan las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, algo muy habitual en tiempos en los que proliferan los delitos o el vandalismo en La Plata.