Culmina el juicio por el derrumbe del boliche Beara con la lectura de la sentencia a los imputados

La tragedia del boliche Beara, donde en 2010 un derrumbe provocó la muerte de dos mujeres, tendrá su capítulo final. El Tribunal Oral Criminal 7 dará a conocer mañana el veredicto a los imputados por el derrumbe de un entrepiso mal construido en el local de Palermo que, además de los fallecimientos, dejó varios heridos. Las familias de las víctimas temen que el caso quede impune.

Ariana Lizarraga, de 21 años, y Leticia Provedo, de 20, murieron bajo los escombros cuando se vino abajo parte de la estructura del interior del boliche ubicado sobre la avenida Scalabrini Ortiz, en Palermo. Por ese episodio están imputadas 17 personas entre ellos los propietarios de la sociedad comercial que administraba Beara, los ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad que otorgaron la habilitación y debían controlar su estructura y actividades, y policías federales de la jurisdicción acusados de cobrar coimas para permitir el funcionamiento.

Como parte del proceso los propietarios del boliche, Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess, ofrecieron sus últimas palabras la semana pasada ante los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti Achaval. Los tres imputados se declararon inocentes, pero aceptaron que el entrepiso estaba mal construido y responsabilizaron a los arquitectos y constructores contratados.

El fiscal Oscar Ciruzzi solicitó penas de entre tres y nueve años de prisión para los responsables e inhabilitaciones para ejercer el comercio y ser funcionarios. "Todos sabían que Beara estaba siendo utilizado para otras cosas, todos sabían que había un entrepiso con endeblez constructiva, todos sabían que había 700 personas que era mucho más de lo permitido, entonces todos se tendrían que haber representado el resultado de muerte", argumentó el representante de la parte acusatoria.

Por el episodio también están imputados ex funcionarios del Gobierno porteño por haber habilitado el local aún con irregularidades y policías federales acusados de cobrar coimas para permitir el funcionamiento del boliche.

El derrumbe ocurrió el 10 de septiembre de 2010 en Scalabrini Ortiz 1638, cerca de las 3.50 de la madrugada, cuando terminó un recital del grupo Ráfaga. Minutos después el entrepiso construido de manera precaria cayó y provocó la tragedia.

El boliche había sido clausurado por irregularidades y el Gobierno porteño levantó esa clausura concediendo una habilitación como salón de fiestas privadas cuando en realidad funcionaba como discoteca.

Tanto los propietarios de Beara, como los funcionarios porteños, están acusados por los delitos de homicidio culposo agravado por el número de víctimas, lesiones culposas graves y leves, y cohecho pasivo.

El fiscal solicitó una pena de cuatro años y seis meses de prisión, más nueve años de inhabilitación para ejercer el comercio, para Yun, Dobrila y Fliess; y tres años de prisión en suspenso e inhabilitación de diez años para ser funcionario para los responsables de las habilitaciones y el control en la Ciudad al momento del derrumbe.

Familias destruídas

Juan Lizarraga y Alicia Tagliaferro, padre de Ariana Lizarraga y madre de Leticia Provedo coincidieron en que durante el juicio los imputados insistieron en cómo se arruinaron sus vidas en los últimos 12 años, pero los que realmente están arruinadas son las familias de las víctimas.

"El juicio fue revivir esa noche y escuchar todas las declaraciones de los imputados que hacen mucho hincapié en que ellos tuvieron dificultades comerciales, laborales y en sus vidas privadas; pero la que perdió su vida fue Leti y de esa pérdida no se vuelve", dijo Tagliaferro madre de Leticia. "Siento que puede volver a haber impunidad", agregó la mujer.

Por su parte Lizarraga sostuvo: "Decir que perdieron amigos, que no pudieron adoptar hijos, que tienen inhibidas las propiedades o la salida libre del país, es indignante porque nosotros perdimos a nuestra hija". Para el hombre las penas son muy leves en un juicio que definió como una mala obra teatral. "No se notó a nadie estar realmente arrepentido, se notó un esfuerzo hasta por llorar; fue una vergüenza porque en 12 años nadie fue capaz de dirigirnos nuestras condolencias y ahora verlos llorar cuando hablaban en el tribunal duele muchísimo", expresó.