Presentan un recurso de amparo para seguir utilizando el lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas

La semana pasada el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió que en sus escuelas se utilice en documentos oficiales y que los docentes enseñen contenidos curriculares escritos con lenguaje inclusivo. En las primeras horas de la semana se presentó un recurso de amparo contra esa medida que, según el escrito, atrasa y discrimina.

Las impulsaros del pedido fueron dos referentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda, Celeste Fierro y Vanesa Gagliardi, que acudieron a la justicia para presentar el pedido de amparo contra la Resolución 2566/2022 que firmó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

"Atrasa y discrimina. En sus siete años de gestión como ministra, Acuña redujo el presupuesto educativo del 23% al 19%. Ahora también pretende reducir autoritariamente la libertad de expresión y los derechos de género reconocidos en leyes y constituciones", dijo Fierro, mamá de una niña que cursa primer grado de una escuela pública porteña.

A su vez Vanesa Gagliardi, profesora de secundaria, diputada porteña electa agregó: "Al deterioro social, la superpoblación de aulas, el bajo presupuesto educativo y la precarización docente se suma que, durante la pandemia, Acuña y su jefe (Horacio) Rodríguez Larreta no garantizaron computadoras ni conectividad. Allí están las causas del retroceso en la comprensión de textos".

En la misma línea, Ferro señaló que "frente a esta medida tan absurda y reaccionaria, que ahora quiere imponer sanciones a les docentes que no la cumplan, defendemos el derecho democrático de cada docente y estudiante de utilizar o no el lenguaje inclusivo; la caída en la comprensión de textos empezó bastante antes del mismo y por ende no mejorará porque se lo prohíba".

El amparo de Fierro y Gagliardi recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo porteño Nº 22, a cargo de la jueza María Rosa Cilurso, bajo el número 135472/22.

En la Circular 4/2022 el Ministerio de Educación porteño ordenó a los docentes desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales "de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza".

La medida fue criticada por amplios sectores políticos, sociales, sindicales y la comunidad educativa.