Roberto García Moritán y Marina Kienast, legisladores porteños de Republicanos Unidos, enviaron un proyecto de ley a la Legislatura para que el gobierno de la ciudad cobre los servicios de salud y de educación a las personas que no tienen residencia en la Capital Federal, una población extensa ya que todos los días al menos tres millones de personas ingresan desde la provincia para trabajar, estudiar o realizar otras actividades. La polémica propuesta plantea "limitar a los gobernadores incompetentes" y que las jurisdicciones afronten eses costos.
"Reciprocidad sanitaria y educativa interjurisdiccional" se denomina la propuesta de García Moritán, el marido de la modelo Pampita, y de Kienast que plantea la creación en la Ciudad de Buenos Aires de un Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional entre la ciudad y las provincias, principalmente el territorio bonaerense.
La intención causó una fuerte polémica debido a la atención que el gobierno local brinda a porteños y bonaerenses, principalmente en aspectos tan sensibles como la salud y la educación. Por tal motivo los legisladores oficialistas tomaron distancia del proyecto de Republicanos Unidos al advertir que la idea no había sido debatida dentro de Juntos por el Cambio que prevé no apoyarla.
"Los establecimientos del sistema de salud pública de la Ciudad deberán notificarle al Ministerio de Salud, o al órgano que este designe, cuando una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción de la Ciudad sea atendido en el establecimiento, detallando la consulta, internación o tratamiento médico, y el costo que conlleva según el nomenclador de prestaciones", dice el texto proyecto.
"Mensualmente se remitirán los gastos a la administración de la provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados", aclara el texto sobre la forma en que se notificará cada deuda a las jurisdicciones.
El proyecto también especifica cómo deberá ser esa compensación para el caso de la educación. Consigna que los padres y tutores que tengan hijos o niños tutelados domiciliados fuera de la Ciudad, y que los inscriban en el sistema de educación pública capitalino, tendrían que registrarse primero en una página web, con la que la administración porteña evaluaría la disponibilidad de los colegios y la localización geográfica de los solicitantes.
"Adjudicadas las vacantes, se remitirá a la administración de la provincia correspondiente el listado de vacantes adjudicadas, para cobrar el reintegro por los servicios prestados, mensualmente", detalle la propuesta de García Moritán y Kienast que faculta al jefe de Gobierno a suscribir los acuerdos de reciprocidad con las distintas ciudades o provincias argentinas y así acordar las condiciones para la atención sanitaria y educativa de los no residentes.