Reanudan audiencia por el saneamiento del Riachuelo

Representantes de seis municipios del Conurbano se hicieron presentes ante la Corte Suprema.

La Corte Suprema de Justicia reanudó el jueves una audiencia pública convocada para evaluar el cumplimiento de la sentencia del 8 de julio de 2008, por la cual exigió el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.


Estuvieron presentes en el estrado los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay. En la jornada expusieron Máximo Lanzetta, en representación del municipio de Almirante Brown; Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda; Lautaro Lorenzo, por Esteban Echeverría; Omar Lacoste, por La Matanza; Lara Dalina Villalba, por Lanús; y Pablo Rosa, en representación de Lomas de Zamora.


También lo hizo Carlos Ben, presidente de Aguas y Saneamiento Argentinos (Aysa), y después de su exposición, la Corte dispuso un nuevo cuarto intermedio.


Lanzetta, subsecretario de Política Ambiental de Almirante Brown, señaló el aporte para el fortalecimiento institucional que permitieron llevar adelante las acciones de saneamiento, el financiamiento para la limpieza de Arroyo del Rey, la recuperación del barrio El Hornero como espacio público, el convenio para la relocalización de 113 familias y la erradicación de basurales.


En su presentación, aseguró además que el trabajo con la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) fue fundamental para la mejora del desempeño ambiental de las empresas.


Por su parte, Ferraresi mencionó el trabajo conjunto con la Acumar para la construcción de un ecopunto, a partir del cual se espera tratar el ciento por ciento de los residuos verdes y el treinta por ciento de los residuos sólidos urbanos.


Además se refirió al plan de urbanización de villas y asentamientos, la limpieza de márgenes, la recuperación de espacios públicos, el financiamiento del plan sanitario y de los recursos administrativos para el plan de vigilancia epidemiológica, lo que permitirá trabajar en la prevención.


El máximo tribunal había dispuesto que la Acumar, el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora presenten una breve exposición sobre cada uno de los objetivos y resultados que integran el programa de ejecución obligatoria impuesto por el referido fallo.


También convocó a las empresas Aysa y Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), para que informen sobre los actos ejecutados y las contrataciones realizadas por indicación de la Acumar.


La Corte citó además al defensor del Pueblo de la Nación y al auditoría general de la Nación, quienes deberán informar sobre las dificultades que pudieran haber existido a la hora de realizar los controles encomendados en la sentencia y sus observaciones.


El pasado 11 de octubre, ante el tribunal expusieron Juan José Mussi, en representación de la Acumar; José Luis Enríquez, por la provincia de Buenos Aires, y Julio Conte Grand por la Ciudad de Buenos Aires.

 

26 de octubre de 2012

 

 

 

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