Nuevos countries cederían tierras para casas sociales

Un proyecto de ley prevé que las construcciones que superen los 5 mil metros cuadrados donen parte del valor de la obra al plan ProCreAr.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, José Ottavis, presentó un proyecto de ley que facilita la gestión y generación de proyectos habitacionales de urbanización social en la provincia de Buenos Aires.


“Esta ley, que tiene la participación de todos los sectores y es la consecuencia de la lucha de un pueblo desde hace 25 años, le va a cambiar la vida a la gente de la provincia”, dijo Ottavis al encabezar la presentación de la Ley de Acceso al Hábitat, junto a legisladores bonaerenses de diversos bloques políticos.


La iniciativa, que busca modificar la Ley de Ordenamiento territorial y uso del suelo sancionada en 1977, intenta “abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano-habitacional, desalentando las prácticas especulativas” sobre la tierra, según se explicó.


“Esta iniciativa la llevamos delante de una manera distinta. Queremos que no haya tergiversaciones en los medios, y que quede claro que esta ley es de todos y no viene a expropiar nada ni a derribar tranqueras. Es una ley justa, para que todos vivan mejor”, dijo Ottavis al exponer en la legislatura provincial.


Ante rumores equívocos de la prensa, Alberto España, diputado provincial del FPV, explicó que el proyecto no propone que los countries o barrios cerrados cedan terrenos. "Los medios han tomado información de los countries como si fuera un proyecto que va directo a ellos. Esto no es así. Este proyecto no va contra los countries ni contra los cementerios privados", aclaró.


El diputado sostuvo que apunta a que los desarrolladores de nuevos emprendimientos que estén por realizarse, "no los barrios que ya están constituídos", cedan terrenos aledaños o no a los barrios o infraestructuras, para colaborar con la creación de vivienda social.


"Tienen que ver con un instrumento que se le da a los municipios para que puedan dialogar con estos emprendimientos, para ver cómo pueden contribuir. Nosotros hemos hablado con grandes desarrolladores explicando el proyecto y ellos ven reglas muy claras y se mostraron de acuerdo", agregó.


El proyecto, que fue presentado en conjunto por los legisladores España, Alicia Sánchez del Frente para la Victoria y Marcelo Saín de Nuevo Encuentro, busca “desarrollar nuevas áreas residenciales en centros urbanos o asentamientos rurales, mediante la construcción de conjuntos de viviendas a través de un desarrollo progresivo”.


A su vez, busca “impulsar programas de construcción, autoconstrucción, reparación, remodelación o ampliación de viviendas tanto urbanas como rurales, así como también, fomentar créditos para la mejora de hábitat creando un fondo fiduciario que a través de organizaciones sociales, financiará a aquellos que no pueden acceder al crédito bancario”.


En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, remarcó que “había una deuda pendiente en el tema de reorganización territorial, y este proyecto de ley viene a suplir en parte esta necesidad”.

“Muchas veces se había reclamado para que los vecinos puedan tener un lugar donde desarrollar la familia, y nos encontrábamos empantanados, pero con este proyecto de ley, sumada a la participación de los actores sociales, se va a permitir la transparencia en el acceso a la tierra”, agregó.


Al respecto, el diputado España, remarcó que “el acceso al hábitat ha causado grandes problemas no solo en el conurbano sino en toda la provincia y creemos que es una ley de inclusión, equidad, igualdad y justicia social”.


Detalló que entre los cambios, se prevé que “los nuevos emprendimientos comerciales que se hagan superiores a los 5 mil metros cuadrados y que tengan una función urbana dentro de la provincia, tendrán que ceder parte de la valorización que hace el estado de las tierras”.


El proyecto de ley prevé “atender la refuncionalización, rehabilitación y adecuación normativa de inmuebles fiscales aptos para finalidades de uso social y colectivo, en particular la provisión de suelo fiscal a los fines de su incorporación al fondo Fiduciario Público (del programa PRO.CRE.AR)”.


Así mismo, “busca incentivar la asociación entre el sector público y el privado como un actor prioritario para impulsar proyectos de urbanización o edificación”, según detalla el cuerpo de la norma.

 

27 de septiembre de 2012

 

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