Presos lavan desechos de hospital sin protección

El penal de Melchor Romero, la Unidad 29 fue inaugurada en 1998 bajo el título de la cárcel más segura de Sudamérica. Pensada como un artilugio electromecánico preparado para los peores criminales argentinos. Desde su diseño edilicio estaba pensada para controlar la vida de los internos que estaban aislados en celdas unipersonales y podían ver el sol sólo un par de horas al día. Construida en abanico y bajo un concepto “panóptico”, en términos de Foucault, fue clausurada hace unos años por ser inhumana.

A pesar de no estar habilitada para contener detenidos en su interior, funciona como destino de tránsito.  Allí mismo además todos los días una treintena de reclusos trabajan como operarios de un lavadero en pésimas condiciones de salubridad.

La asociación La Cantora, cuidadora de los Derechos Humanos de los presos, denunció que en las instalaciones de la Unidad Penal 29 funciona un lavadero donde se mezclan sábanas de hospital, con ambos, cofias y material descartable, con manteles de restaurantes y sábanas de hoteles de la ciudad de La Plata. Los presos, usados como empleados, apenas reciben 2 pesos por hora de trabajo y conviven diariamente con los restos humanos que llegan al lavadero adheridos a las sábanas.

“Nos encontramos con trapos de piso ensangrentados, coágulos, placentas, gasas manchadas. Materia fecal y orines en las sábanas. Jeringas y agujas adentro de las sábanas”, describió a 24CON Azucena Racosta, coordinadora de La Cantora.

Una denuncia sobre la explotación de los presos en los lavaderos inició una investigación en 2008 que llevó a que el negocio penal mermara. Pero pocos años después volvió con más fuerza. “Trabajan a dos pesos la hora, y el lavadero funciona las 24 horas. Lo que vimos es que no tienen ninguna protección, trabajan sin guantes, sin delantal, sin botas de goma. Abren las bolsas que contienen sábanas ensangrentadas y cae de todo. Lo que sobra, lo trasladan a la unidad 10, de inimputables, de enfermos mentales. Ahí los internos clasifican los desechos, también sin ninguna protección y les pagan aun menos, por doce horas de trabajo les dan 16 pesos”.

Los detenidos transformados a trabajadores no cuentan con ningún beneficio laboral ni se les aplica ningún régimen que los proteja como trabajadores. El lavadero, de la firma Asepsia, no cumple con los protocolos de seguridad para la manipulación de material patógeno como son los desechos hospitalarios, y además de la explotación casi esclava de los reclusos, mezcla los trabajos para los hospitales y clínicas de la región con trabajos para hoteles y hospitales. Así el ambo manchado de sangre utilizado en una clínica de Monte Grande, por ejemplo, se encuentra en el mismo lugar con el mantel y servilletas de un restaurant de La Plata y con las sábanas de un hotel de Burzaco, compartiendo bacterias y desperdicios.

“Según el protocolo de residuos patológicos no debe ser así el tratamiento, no todas las bacterias mueren en el cloro y el lavado. Exponen a las personas a esos virus. En el penal se lavan sábanas de seis clínicas de La Plata, Eco-Ber, Los Tilos, El Instituto del Diagnóstico… También de Adrogué y Monte Grande. Son acuerdos entre las empresa y el Servicio Penitenciario”, apuntó Racosta.

Según el Manual para el Manejo de Desechos en Establecimientos de Salud, editado por el Ministerio de Salud provincial, los desechos hospitalarios deben ser clasificados y separados inmediatamente después de su generación y en el mismo lugar. Además de esto agrega que “son responsables de la clasificación y separación, los médicos, enfermeras, odontólogos, tecnólogos, auxiliares de enfermería, de farmacia y de dietética”. También agrega que los desechos deben ser clasificados y colocados en recipientes específicos, con color y rotulación. En las unidades penales, todo llega en bolsas de residuos negras y vuelve a salir con el mismo envoltorio.

La asociación La Cantora, junto con el Comité Contra la Tortura, ha recorrido los penales de La Plata buscando evitar la violación de los derechos de los reclusos. En muchas celdas se encontraron con los baños tapados sin posibilidad de ser reparados ya que directamente no había agua, las celdas no tenían suministro de agua potable. En contraposición, el lavadero utiliza diariamente miles de litros de agua y energía eléctrica proporcionada por el mismo penal. “Este tipo de prácticas es común. A raíz de una denuncia de la asociación Pensamiento Penal, la Cámara de Casación determinó que los detenidos trabajadores debían tener el mismo régimen laboral que los extramuros. Y no se cumple. La estafa no es sólo con las personas, que salen a trabajar para huir del pabellón. Están estafando al Estado también, porque no hay aportes jubilatorios, ni obra social, ni impuestos”.


La salida a la violencia es el trabajo esclavo

Las denuncias y los informes realizados por La Cantora demuestra que la mayoría de los reclusos que aceptan trabajar en estas condiciones son aquellos de mayor edad. Los jóvenes, quienes son mayoría en las cárceles bonaerenses reconocen el peligro en el lavadero, pero los mayores, que tienen una convivencia hostil con los jóvenes, prefieren trabajar aún bajo estas condiciones de explotación para alejarse del pabellón, de la violencia y el hambre. “La única comida que vimos en la 29 es la que cocinan a estos 30 hombres que tienen de rehenes. Así siempre tienen trabajadores, es una maquinaria de ingeniería importante. No tienen piedad con los reclusos, y mezclando las sabanas y manteles con desechos hospitalarios, tampoco tienen piedad con los de afuera. El servicio penitenciario no tiene dios ni patria ni casa, responde a sus intereses”.

“Los pabellones están repletos de jóvenes condenados por delitos menores, personas mayores que todavía son pocas. Hay miles y miles de jóvenes encarcelados por delitos menores, robos de mp3, de celulares. Y el pabellón a veces se pone violento. Entonces los mayores eligen ir a trabajar al lavadero. Hasta que no se erradique las mafias penitenciarias, esto va a seguir. No sólo con lavaderos, los servicios, la carne, la corrupción con la comida, el presupuesto que hay por persona; si no hay un familiar que le lleve ropa y comida, el detenido no tiene nada. Pasan hambre, si se enferman hay que llevarle medicamentos”, describió Azucena y finalizó, “no sé cómo se permite esto. Eso lo tiene que decir el Servicio Penitenciario y el Ministro Casal. Tienen que explicar cómo se permite que adentro de un penal haya una cadena de lavaderos que maneja residuos patológicos”.

 

 

12 de julio de 2012

 

 

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