Avance histórico: la muerte digna y la igualdad de género ya son ley en el país
El Congreso las aprobó por unanimidad. Los puntos clave de cada una. Cómo deben proceder los pacientes y médicos, y el proyecto de ampliación de derechos para el reconocimiento de la identidad de las personas.
De esta manera, y a diferencia de lo que puede pensarse en un primer momento – sobre todo si se tiene en cuenta el nombre de la iniciativa –, el texto no legaliza la eutanasia ni el suicidio asistido. Es decir, no implica la administración de un agente externo para acabar con la vida de una persona, sino respetar el derecho que tiene esa persona a no querer continuar un determinado tratamiento que lo mantiene vivo en condiciones que pueden considerarse “indignas”.
"La llamada ley de muerte digna debería ser llamada de vida digna. Lo que hace es garantizar el respeto a la autonomía de la voluntad para que las personas decidan cómo van a vivir hasta el último minuto de su vida, evitando el encarnizamiento médico", había explicado la diputada de Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, durante el debate en la Cámara Baja.
En el mismo sentido, el legislador del Frente para la Victoria, Antonio Morante, había dejado en claro que "el objetivo de la medicina no es sólo combatir la muerte. Cuando ello no es posible, el objetivo debe ser luchar contra el dolor y el sufrimiento para tener una muerte tranquila".
El proyecto ahora aprobado propone modificar siete artículos de la ley 26.529, que regula los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud.
En su primer artículo, referido a la autonomía de la voluntad, la iniciativa plantea que “el paciente tiene derecho a rechazar determinadas terapias médicas”, y especifica que el enfermo terminal puede rechazar procedimientos quirúrgicos y atenciones de soporte vital, “cuando sean desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría”.
Además, se les otorga a los pacientes la posibilidad de “rechazar la hidratación y la alimentación”, cuando estas medidas sólo representen “la prolongación en el tiempo de un estado terminal e irreversible”.
El único requisito para garantizar el derecho de muerte digna es que “el paciente dé su consentimiento informado”, es decir, que antes de tomar la decisión y manifestarla, debe recibir información precisa sobre, entre otras cosas, su estado de salud, el tratamiento propuesto y las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento médico que se niega a recibir.
En caso de que las condiciones de salud del paciente no le permitan dar su consentimiento - por ejemplo, en caso de una persona en estado vegetativo y conectada a un respirador artificial -, la decisión correrá por cuenta de sus familiares o de sus responsables legales.
Identidad de género
El Senado aprobó el proyecto sobre identidad de género con 55 votos a favor y una abstención.
La iniciativa de identidad de género contempla que toda persona "tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, tal como cada persona la siente", corresponda o no con "el sexo asignado al momento del nacimiento".
El texto permite también que toda persona pueda solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de prenombre e imagen "cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida, sin necesidad de ningún trámite judicial o administrativo".
Dice también que los mayores de 18 años de edad puedan acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales yo tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida "sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa".
“Es triste tener en nuestras manos la posibilidad de cambiar estas realidades y no hacerlo ¿Qué más debemos esperar? ¿Más muertes? ¿Más humillaciones? ¿Más malos tratos?”, sostuvo la senadora del Frente para la Victoria (FpV) Ada Itúrrez de Cappellini, que fue la primera en tomar la palabra.
Por su parte, la legisladora del peronismo disidente Sonia Escudero sostuvo que el proyecto apunta a “reparar y restituir derechos a la comunidad trans en la Argentina”, y explicó: “Lo que hace esta iniciativa es garantizar el derecho a la identidad, que se materializa en la posibilidad de pedir el cambio de nombre de pila y de sexo en el documento de identidad y en la partida de nacimiento, mediante un trámite administrativo, en forma rápida, gratuita y personal, sin necesidad de asistencia de un abogado”.
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