Píparo demanda por más de 6 millones al banco

Acusa a la sucursal de La Plata por la "ineptitud" del personal de seguridad y por negarse a contribuir con la investigación. Asegura que "facilitaron" el trabajo a los delincuentes.

Carolina Píparo, la víctima de la salidera bancaria de La Plata que en junio de 2010 conmocionó al país, presentó una demanda de 6.668.000 pesos contra el Banco Santander Río. En el documento judicial, la víctima reclama una reparación económica por la muerte de su bebé, el dinero robado, la incapacidad física que sufre a causa del disparo que recibió, el daño estético, incapacidad psicológica, gastos de asistencia, gastos de sepelio y daño moral.


Píparo se quejó por la actitud que tomó el banco, al que también acusó de no colaborar con la investigación penal. "La conmoción pública que generó este hecho aberrante, la colaboración y solidaridad de toda la sociedad puesta al servicio de esclarecer el ilícito, no tuvo su correlato en la actitud asumida por las autoridades de la sucursal del Santander Río, hoy demandada", se lee en el escrito, de acuerdo a lo publicado por el sitio Online 911.

La víctima también hace referencia a la negativa de la entidad financiera a facilitar los videos de las cámaras de seguridad y resaltó la medida del fiscal Marcelo Romero, que ordenó el secuestro de las filmaciones y de los teléfonos celulares de los empleados. "Jamás sabremos si esta actitud renuente del Banco se trató de un acto negligente e irreflexivo o, por el contrario, de un acto tendiente a ocultar la responsabilidad que le cupo en el luctuoso episodio", dice en el documento.

En su declaración, Piparo apuntó al cajero y tesorero de la sucursal de 7 y 42, en La Plata, de haberla "marcado". A metros de ella estaba Miguel Ángel "Pimienta" Silva, el "marcador" de la banda. "La tranquilidad, facilidad e impunidad con la que Silva se manejó en el interior de la sucursal bancaria, lo burdo de su accionar y la inexplicable pasividad del personal de seguridad -  conformado por un efectivo de la Policía Bonaerense en el bunker y un efectivo de la empresa de Seguridad Privada Prosegur en el salón-, constituye sin lugar a dudas una inexcusable violación al deber de cuidado", se plantea en la causa.

"A ello se le suma a la diabólica disposición de las cajas, que permitía que cualquier persona que ingresara a la sucursal pudiera tomar conocimiento de las operaciones que realizaban los clientes, incluso y fundamentalmente la extracción de dinero. Es esa disposición, junto con la ineptitud del personal de seguridad, lo que permitió la génesis del hecho que termina finalmente con el asalto, los disparos, el despojo y lo que nadie jamás podrá reparar, la muerte de Isidro", acusa la víctima.

Carolina sostiene que "para albergar la verdad, deberemos extender la mirada más allá de los delincuentes, debemos poner la lupa en lugar donde se crearon las condiciones para que se consumara el delito con el consecuente daño".

"La responsabilidad del Banco Santander Río está fundada en la omisión de la debida diligencia en la vigilancia en el interior de la sucursal, permitiendo que personas que merodean, sin realizar ningún tipo de operación en la entidad, observen con absoluta facilidad el movimiento de caja, con el objetivo de marcar clientes que retiren dinero", concluyó la joven madre.

A fines de marzo de 2010, el fiscal Marcelo Romero pidió la elevación a juicio de los acusados y el sobreseimiento de Stella Maris Grizia y Jenifer López Leguina, concubinas de dos de los detenidos, y del cajero de la sucursal del banco, Gerardo Pereda.

Romero reclamó llevar al banquillo a los acusados de haber integrado la "asociación ilícita" que concretó el delito y llevó a la muerte al bebé de Píparo, por entonces embarazada de nueve meses. Los principales imputados son Carlos Burgos, Luciano López, Carlos Moreno, Miguel Ángel "Pimienta" Silva, Augusto Claramonte, Juan Manuel Calvimonte, y Carlos Jordán Juárez.

 

20 de marzo de 2012

 

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