Las comisarías de La Plata son las más peligrosas de toda la Provincia
Más de 130 muertes, todo tipo de torturas, hacinamiento, abusos sexuales y discriminación de toda índole es el cocktail que ofrecen las cárceles y comisarías del Conurbano bonaerense.
El doble de detenidos de lo que soporta el sistema carcelario, más de 130 muertes, más torturas, más represión, corrupción y complicidad judicial. Todo como parte de una acción sistemática. El Informe anual 2011 de la Comisión Provincial por la Memoria y Comité Contra la Tortura releva todo un retroceso práctico en las cárceles, a partir de datos, estadísticas, análisis y recomendaciones sobre la política penitenciaria, de seguridad y niñez durante 2010 en la Provincia de Buenos Aires. Más de 400 páginas que detallan con fuentes comprobables toda la curda realidad que se vive en las cárceles y comisarías bonaerenses; relevadas por lavaca.org. Aquí, una breve síntesis de sus puntos más sobresalientes, que alarman con respecto a la actual violación de los derechos humanos.
Políticas penitenciarias
Sobrepoblación
Capacidad de alojamiento del Sistema Penitenciario Bonaerense: 15.600 plazas. Índice de ocupación carcelaria: 167%.
Los números arrancan mal. Según la estadística del Informe, el sistema carcelario está superpoblado en más de la mitad de lo permitido. Si se suman las comisarías, el índice de ocupación llega al 192%. Es decir; casi el doble de lo permitido.
Muertes
Las muertes se han incrementado paralelamente a los índices de hechos violentos y casos de tortura en lugares de detención. Durante 2010 murieron 133 personas, 11 cada mes, frente a 117 en 2009. Las denominadas “muertes traumáticas”, es decir en hechos forzados, de violencia o represión, representan el 29% del total, y dentro de ésta casi un 70% por heridas de arma blanca y 29% en suicidios. Cabe recordar que los datos son relevados por el propio Sistema Carcelario Bonaerense, por lo que las causales de “suicidios” e incluso la inexistencia de rótulos como “represión” hacen parcial a la estadística.
Sobre las muertes “no traumáticas” o por enfermedades se registraron 95 casos, 28 de ellos por SIDA y en las restantes no se informó causal ni patología alguna. De nuevo, la imprecisión de los registros. De cualquier modo, en los dos casos ascendieron respecto a 2009.
La Plata es el complejo con mayor cantidad de muertes durante 2010: 55, lo cual representa el 42% del total de las muertes, repartidas en 9 de las 17 comisarías.
La justicia
Otro capítulo es el de las “torturas o malos tratos”. De los 675 hechos registrados por el flamante Registro Civil de Torturas y Malos Tratos, la mayoría fueron calificados por los fiscales como “apremios o vejaciones”, clasificación que implica una pena mucho menor a la de “tortura”.
Las denuncias que llegan a esta instancia se originan por los partes disciplinarios enviados por el SPB o por denuncias de jueces de ejecución y/o garantías o defensores oficiales (de origen), y en menor medida por denuncias directas de víctimas o familiares. Interpreta el Informe: “Eso invita a problematizar la presencia y control judicial en las cárceles y lugares de encierro así como la desconfianza de víctimas y familiares en la procedencia y avance de las causas abiertas”.
Represión y torturas sistemáticas
El índice que más creció respecto a 2009 es el de “hechos de represión”: 1552 en 2009 y 1785 en 2010. Paradójicamente, el relevamiento de las peleas entre internos descendió respecto a otros años, por lo que ante menos hechos de violencia se utilizó más represión.
El Informe celebra la creación del Registro Civil de Casos de Torturas y Malos Tratos, inaugurado el pasado año, que contabilizó sólo en el último trimestre de 2010, 675 hechos padecidos por 166 víctimas en la provincia. La nota: los fiscales que investigan estos casos suelen calificarlos como “apremios y vejaciones” que, como queda dicho, implica una pena mucho menor al de “torturas”. Los métodos relevados indican que nada ha cambiado:
Submarino seco o húmedo (ahogar a la persona con una bolsa de plástico o en algún recipiente con líquidos), picana eléctrica, palazos con bastones de madera o goma maciza, golpizas reiteradas, duchas o manguerazos de agua helada, aislamiento como castigo, traslados constantes.
Según el Informe, estás prácticas “siguen acrecentándose” año a año y forman parte no de hechos puntuales sino de una “práctica sistemática” de la policía bonaerense.
Se extiende sobre esto: “Existen además estructuras de ilegalidad y arbitrariedad ancladas en el propio SPB (…) Ello se materializa en la ineficacia del sistema de justicia bonaerense y federal para controlar y sancionar a los responsables (…) Hay un patrón general de negligencia y falta de efectividad del Estado”.
De septiembre de 2010 a marzo 2011 el Comité Contra la Tortura relevó 743 hechos de tortura y/o malos tratos, que involucraron a 179 víctimas, 4 mujeres y 175 hombres. El 93% involucra a funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense. El 16,2% fue por agresiones físicas, 15,2% por malas condiciones materiales de detención, 14,9% denuncias por aislamiento, 12,7% falta o deficiente alimentación, 11,3 impedimento de vínculos familiar y social, 9,6% falta o deficiente asistencia de salud, 5,9% traslados constantes, 5,4% requisa vejatoria, 3,8% amenazas 3,1% robo de pertenencias.
Salud: “graves retrocesos”
Las “muertes no traumáticas”, se dijo, treparon a 96 casos, 28 de ellas por SIDA y en el resto no se relevó causal ni patología. Según el Informe, la estadística “ratifica el crecimiento vertiginoso de esta causal”, es decir, la de las enfermedades. Y anota que la solución propuesta desde el Estado sostiene un enfoque centrado en la propia enfermedad y no cuestiona las condiciones materiales de detención, la asistencia, el régimen penitenciario y el encubrimiento de las torturas y malos tratos.
Género: la situación trans
En ese sentido, es el colectivo trans quien más ha sufrido daños a la salud física y psicológica. Unas pocas frases del Informe ilustran la situación:
“No existe capacitación ni sensibilidad en los operadores judiciales y en el personal penitenciario para respetar sus derechos” (…) “No tienen acceso a continuar con el tratamiento hormonal que realizaban en libertad, lo que provoca afectaciones importantes en su salud física y psicológica” (…) “No pueden acceder a visitas íntimas con sus parejas” (…) “Casi no acceden a la escuela y al trabajo dado que las autoridades argumentas que no pueden compartir esos espacios con otros hombres heterosexuales” (…) “En la mayoría de las unidades intentan imponerles que se vistan como hombres y se corten el pelo” (...) “Abusos sexuales, discriminación sistemática, falta de atención a la salud”.
Datos sobre las mujeres con arresto domiciliario:
No se le realizan controles médicos. No reciben asistencia psicológica. No reciben ninguna capacitación en oficios. No son promovidas para ningún empleo. No son promovidas para estudiar.
Prevención
El Informe recopila además una serie de programas recomendados en 2010 para reducir los casos de violencia en las cárceles bonaerenses, como las “muertes traumáticas” que ocurrieron en un 70% por heridas de arma blanca durante enfrentamientos. Dos de esos programas nunca fueron implementados: uno buscaba clasificar a los detenidos en “penados” y “procesados”, y a la vez en “primarios” y “reincidentes”, para separarlos según esos rótulos que indican algo así como grado de peligrosidad. Y el otro se centraba en la mediación en ese contexto de encierro: capacitar a agentes penitenciarios y detenidos como mediadores para resolver conflictos.
Un tercer programa de prevención de la violencia fue puesto en marcha en su fase primera, y según el Informe este 2011 se celebran en las cárceles talleres voluntarios para “la solución no violenta de los conflictos, generar espacios de reflexión y comunicación, propender a que los detenidos internalicen la importancia del respeto a sus semejantes y generar estándares de convivencia”.
Corrupción
La descripción del modelo penitenciario general habla de una corrupción estructural y una práctica sistemática de torturas y malos tratos que son posibles gracias al encubrimiento de un sistema judicial cómplice. Los adjetivos del Informe para con la corrupción: “asombrosa e inagotable”. Y enumera esos kioskos: “Venta de mercadería pagada por el Estado, adulteración de remitos de descarga de productos; descarga de alimentos distintos a los que se acuerdan en los contratos o productos de segunda marca por los de primera; robo de pertenencias a los detenidos, distribución de drogas, permisión de salir a robar, compras inexplicables”.
Políticas de seguridad
El viejo paradigma: miedo al otro, mano dura y reclutamiento de chicos. El informe señala que en 2010 volvió a expresarse con fuerza el “viejo paradigma” de la seguridad basada en la mano dura y la demagogia punitiva. Sus puntos sobresalientes son:
Expansión de la seguridad como política principal del Estado, postulando que los efectos de los conflictos sociales que la desigualdad y la pobreza generan se solucionan por vía del sistema penal. Ejemplo: construcción del otro delincuente como aquél no incluido, desarrollando un enfoque clasista y discriminador.
Pierde de vista la multicausalidad del delito y la necesidad de que el Estado actúe en común para reducir la violencia y el delito. Ejemplo: llaman a endurecer las leyes y a dar más poder a la policía.
Utilización de la policía bonaerense como control social sobre los segmentos más empobrecidos y jóvenes de la sociedad. Ejemplo: reclutamiento por parte policías de pibes para robar.
Delegación de las políticas públicas de seguridad en la policía. Ejemplo: unificación de la carteras de justicia y seguridad, delegando el control de esta última en manos policiales.
El autogobierno policial desarrolla una corporación desprofesionalizada, con presión administrativa arbitraria desde la cúpula. Ejemplo: depuración del personal jerárquico de la fuerza policial; despojo de poder a las estructuras civiles del ministerio.
Se han incrementado las represiones policiales frente a manifestaciones pacíficas de vecinos (…) No reprimir la protesta social es una clave del estado democrático, no constituye de por sí una política de seguridad. Ejemplo: Reiteradas veces se ha reprimido salvajemente a los vecinos de Vicente López que se manifestaban contra construcciones que entienden son un daño al ecosistema.
Este viejo paradigma es herencia de la última dictadura militar argentina. La seguridad pública se construye así sobre una matriz autoritaria, militarizada y discriminatoria. Trabajan también sobre la idea de promover el miedo al “otro”: joven, empobrecido, morocho, argentino o inmigrante.
Averiguación de identidad
En el 38,3% de los casos de “averiguación de identidad” no se consignan datos sobre los detenidos. Sobre el resto, el 11,7% era de ocupación albañiles, 19,3% desocupados y 33% empleados. La franja sobre la que se concentran estas detenciones va de los 18 a los 25 años, representando el 50,4% de los casos.
Sobre el total de las actas por averiguación de identidad, el 88,4% no consigna ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron la detención. En el 13,8% se utiliza la expresión “no pudiendo justificar su permanencia en el lugar” y en muchas de ellas se agrega “responde con evasivas”. Constituye esta carátula el máximum de la arbitrariedad policial.
Las actas que sí esgrimen circunstancias que supuestamente justifican los abordajes policiales, describen situaciones que evidencian que las detenciones tienen que ver con prejuicios o estigmatizaciones: actitud sospechosa, merodeo y nerviosismo. Sobre esta última, el Informe realiza una confesión: “Es pertinente agregar que ante el accionar arbitrario de la policía bonaerense (…) somos muchas las personas que nos sentimos nerviosas e intranquilas”.
La investigación: patrones comunes
El médico que omite elementos clave en su parte; alteración de la escena del crimen, adulteración o robo de elementos de prueba; la investigación penal a manos de la misma fuerza policial; los fiscales que no ordenan medidas urgentes como el secuestro de libros; no se investigan las omisiones funcionales o el incumplimiento de los deberes de funcionario público. En definitiva, no hay protocolos de actuación-investigación ante los casos de muertes o ejecuciones policiales.
El colectivo trans
De nuevo, el Informe focaliza en la particular situación de los travestis, transexuales y transgénero en general. La premisa es que son los más vulnerados por la violencia institucional y quienes más sufren la estigmatización social. Sintetiza el Informe todo un puñado de patrones comunes: robo de pertenencias y desaparición de documentos personales, homofobia y transfobia explícita, abuso sexual y violaciones, rechazo a las denuncias o testimonios, entre otras.
Desaparición forzada
Luciano Arruga, Andrés Nuñez, Miguel Bru, Jorge Julio López. En este apartado, el informe analiza esos cuatro casos y el desenvolvimiento judicial que garantiza impunidad. La desaparición forzada de personas es una de herencias directas de la dictadura, ahora propiciada más específicamente por las fuerzas policiales bonaerenses. Su práctica garantiza parte de la impunidad de la investigación (no hay cuerpo) al tiempo que funciona como mensaje de impacto para el entorno de la víctima. Los casos analizados coinciden en el encubrimiento o negligencia de los órganos jurisdiccionales en la investigación, así como en la ausencia de una respuesta estatal para proteger a las víctimas y testigos.
Inspecciones en comisarías del CCT
El Informe consigna siete de los casos más “relevantes” que consignó la Comisión Contra la Tortura en un monitoreo de comisarías en la provincia. Aquí ejemplificamos con tres de ellos:
Comisaria 4° de Libertad, Merlo: Hacinamiento del 300% (capacidad para 18, alojados 54). La mayoría dormía en el piso, encerrados 24hs. sin actividad, sin ventilación, sin ingreso de luz natural, sin atención, sin acceso a teléfono.
Comisaría 1° de Berisso: Hacinamiento del 100% (capacidad para 10 detenidos, había 21 personas). Sin atención médica, alimentación escasa, sin acceso al teléfono. La celda de contraventores no tiene luz eléctrica ni ventilación.
Comisaría 6° de Lomas de Zamora: Inspección junto al relator del PPL (CIDH). Hacinamiento, falta de acceso al teléfono, a la salud, a alimentación adecuada, 24hs. de encierro sin actividad, condiciones edilicias y eléctricas muy precarias.
El otro camino
El Informe hace hincapié en la creación del Acuerdo para una Seguridad Democrática que propone, en cambio, un “paradigma democrático”. El Acuerdo articula ideas de fuerzas políticas, universidades, organizaciones de derecho sobre “cómo lograr menos violencia y delito”: operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad.
Propuestas de la Comisión por la Memoria
Recuperación del gobierno civil de las políticas de seguridad provincial. Creación de un Ministerio de Seguridad. Descentralización y reestructuración de la policía. Desarrollo de las policías regionales o comunales. Participación ciudadana. Creación por ley de la Policía Judicial, dependiente del poder judicial, cuyo objetivo principal es la investigación penal a las órdenes de los fiscales generales.
Creación por ley de una Observatorio de Violencia y Delito, como organismo autónomo destinado a la reunión, análisis y validación de la información de la violencia y el delito. Toma de decisiones hacia estrategias preventivas para la seguridad ciudadana y la política criminal y social. Organización de las policías destinadas principalmente a la persecución y desbaratamiento de las redes delictivas complejas.
Políticas de Niñez y Adolescencia: el accionar descontrolado
Bajo la premisa que “los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables son las víctimas directas del accionar policial descontrolado de las fuerzas policiales”, el Informe inaugura su apartado de Políticas de niñez. Se parte de la preocupante base que la mitad de los municipios no adhirieron ni ratificaron el convenio con la ley de niñez. Y desde allí, en una creciente demanda punitiva sobre los más jóvenes: mediáticamente demonizados y construidos como principales responsables de la inseguridad.
Los institutos
Total entrevistados: 236 varones y 5 mujeres. El 58% tenía entre 16 a 17 años; el 36% entre 18 y 19. El 81% habitaba en el Conurbano bonaerense. El 0,8% en Capital. 88% tenía la primaria incompleta. El 47% contaba con familiar detenido. El 87% estuvo alojado en una comisaría antes de la actual detención. El 90% fue detenido por la policía bonaerense. Al 95% no se les leyó sus derechos. Al 7% se les permitió efectuar una llamada telefónica. El 42% de los jóvenes no sabía precisar de qué juzgado dependía su causa ni contaba con documentación escrita. El 68% estaba bajo la figura de prisión preventiva, detención, medida de seguridad, es decir, medidas cautelares. El 81% no obtuvo un permiso de salida de ningún tipo. El 25% reconoció haber sido víctima de agresiones físicas durante su detención, el 50% de ellos en más de una ocasión. El 28% no asistía a la escuela dentro del instituto.
Centros de contención
Son de modalidad semi-abierta y los jóvenes sólo pueden ser derivados por orden judicial. En 2010 ingresaron tan 502 adolescentes, frente a 750 en 2009 e igual promedio en años anteriores.
Centros cerrados y de recepción
Según una serie de inspecciones que el CCT realizó durante 2010, las condiciones de estos lugares se muestran sumamente precarias. Sobre el Centro de Menores de Junín, por ejemplo, expresa: “Serios problemas de estructura edilicia, carencia de insalaciones sanitarias, inodoros y duchas, deterioro de muros por alta de pintura, higiene deficiente, carencia de matafuegos, exiguas zonas de esparcimiento, insuficiente espacio de aulas educativas, instalación eléctrica primaria, reducido espacio en celdas”. El ejemplo se extiende y el Informe muestra su preocupación sobre las condiciones edilicias de detención que son sometidos los jóvenes en centros de detención. En éstos se alberga el 50% del total de los privados de su libertad.
Torturas
El Informe detalla una serie de casos de torturas y malos tratos a menores tanto en institutos como en centros cerrados y de recepción del propio Estado.
Jóvenes no punibles
A contrario de lo que recomiendan los organismos internacionales y lo que la propia legislación interna en materia de derechos humanos prohíbe, la nueva ley provincial permite la detención por tiempo indeterminado de jóvenes menores de 16 años: en el artículo 64 de la Ley 13.634 se estipula la posibilidad de aplicar a éstos la privación de la libertad en régimen cerrado bajo la figura de “medida de seguridad”, que no requiere establecer plazos.
El Comité de los Derechos del Niño
Según estos diagnósticos y luego de una serie de audiencias donde se dio a conocer y discutió la realidad de la justicia penal juvenil de la Provincia de Buenos Aires, el Comité de los Derechos del Niño interpeló al Estado haciendo públicas una serie de recomendaciones, entre otras:
Derogue la ley 22278, relativa al régimen penal de la minoridad, y apruebe una nueva ley compatible con la Convención y las normas internacionales en materia de justicia juvenil.
Garantice que los niños que se encuentren en conflicto con la ley puedan recibir asistencia letrada gratuita e independiente y acceder a un mecanismo de denuncia independiente y eficaz.
Adopte las medidas necesarias (…) a fin de garantizar que los niños sean privados de libertad únicamente como último recurso y durante el menor tiempo posible.
Garantice que los niños privados de su libertad puedan recibir educación, e incluso formación profesional, y realizar actividades recreativas y de aprendizaje.
Adopte las medidas necesarias para que las condiciones de los centros de privación de libertad no entorpezcan el desarrollo del niño y se ajustan a las normas mínimas internacionales.
Investigue con prontitud, exhaustivamente y de manera independiente todos los casos de suicidio y tentativa del suicidio.
Adopte las medidas necesarias para que las personas que trabajen con niños en el sistema judicial, como los jueces de menores, reciban periódicamente una formación adecuada.
En el siguiente link te permite ver el informe completo en formato pdf:
http://lavaca.org/wp-content/uploads/2011/07/informe_2011_cpm_comite.pdf