Funcionarios del "Barba" denunciados penalmente por una obra en túnel

El defensor del pueblo acusó a los encargados de la obra del bajo vía por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público: “El intendente eligió a sus funcionarios y es responsable por ellos”.

La obra por el paso bajo nivel de la calle Espora y las vías del ferrocarril Roca todavía no empezó pero ya se desató la polémica. Tras la aprobación por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable del estudio de impacto ambiental que da el visto bueno al comienzo de los trabajos, el Defensor del Pueblo de Quilmes, José Estevao denunció a los principales funcionarios involucrados en el proyecto por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público  y falsedad ideológica.

La denuncia penal radicada ayer en la justicia provincial apunta directamente a los secretarios de Medio Ambiente, Claudio Olivares; de Obras Públicas, Roxana González; a la directora de Impacto Ambiental, doctora Gabriela González, y a un vecino de Bernal que habría certificado las firmas de las instituciones que avalaban la obra. 

La denuncia busca que se investigue a los funcionarios quienes habrían proporcionado información falsa para que el OPDS aprobara el proyecto. Además, según el Defensor, no se cumplieron con los requisitos legales suficientes: “Estamos hablando de falsedad ideológica porque los funcionarios habrían presentaron al organismo provincial documentación que nosotros consideramos falsas. Mencionan la realización de audiencias públicas cuando no fueron realizadas y presentaron abales de conformidad de las obras por parte de las instituciones de Bernal, comisarias, escuelas, hasta el Sanatorio Bernal, en la que las firmas de las personas aparecen sin aclaraciones y certificadas por personas que no son escribanos por lo que no pueden certificar las firmas” explicó Estevao a 24CON.

“Hicieron reuniones que identificaron como audiencias públicas pero no fueron audiencias, no se cumplió con lo que estipulan las leyes provinciales sobre lo que son audiencias públicas. Están plausibles del delito de derecho de autoridad por no cumplir con la ley. La justicia tiene que actuar, tienen el agravante de que los incumplimientos fueron realizados por funcionarios públicos municipales” apuntó el Defensor del Pueblo de Quilmes, y continuó “lo que se ha buscado es que el organismo dictamine un impacto ambiental favorable para realizar la obra. El perjuicio se está ocasionando a los vecinos por cuanto lo que están buscando es con esta documentación falsa es que dictamen favorable, cuando la obra realmente tiene mucho impacto negativo”.

“Los funcionarios municipales, secretarios de distintas áreas no son elegidos por el voto sino que son designados por el Intendente, en este caso, el Intendente Gutirrez por lo que hasta que se investigue y se resuelva, él tiene que responder por sus funcionarios. Debería pedirles la renuncia hasta que se aclare todo. Nosotros no estamos en contra de la obra sino que queremos que se haga de forma tal que no signifique un impacto negativo para los vecinos” finalizó Estevao.

La denuncia de la Defensoría del Pueblo afirma que la resolución del OPDS que avala el nulo impacto ambiental de la obra está basada solamente en la información presentada por la Dirección Provincial de Vialidad, el Municipio de Quilmes y en las presentaciones y acuerdos de grupos vecinales, comunidad educativa y entidades no gubernamentales, “por lo que, comprobada la falsedad u omisión de alguno de los mismos, los firmantes se harán pasibles de las sanciones penales, administrativas y/o civiles que correspondan" y el dictamen del organismo provincial no tendría un sustento fidedigno.

La denuncia continúa: "Se falsificó documentación y se mintió respecto de la realización de audiencias públicas en perjuicio de los vecinos, con el objetivo de que el OPDS emitiera una Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto del Bajo Vías. La Secretaría de Obras Públicas de Quilmes incorporó al expediente administrativo, aceptaciones de la obra, que no fueron suscritas por las autoridades competentes de las instituciones que paso a exponer: Se agregó una aparente conformidad emitida por el Sanatorio Bernal, supuestamente firmada por un ex portero de esa Institución, insertando, en evidente abuso de confianza, el respectivo sello aclaratorio”. Como último ítem el Defensor del Pueblo solicitó se secuestre toda la documentación relacionada con la obra.

Desde la Municipalidad de Quilmes, una de las funcionarias acusadas se excusó a 24CON y devolvió las acusaciones: “el Defensor del Pueblo está haciendo un trabajo político. Defiende a un sector de los vecinos y no a la totalidad. La obra ya está adjudicada desde la Provincia y está por comenzar. Se hicieron reuniones con los vecinos, se debatió el proyecto y hasta se realizaron modificaciones que nacieron de parte de los vecinos afectados. En la última reunión fueron 450 personas. Es un proyecto estratégico serio creado por técnicos de las distintas secretarias del municipio”, apuntó la Secretaria de Obras Públicas, Roxana González.

“Las reuniones no fueron audiencias públicas, fueron convocatorias de vecinos. Se explico el proyecto. Las audiencias públicas se hacen por pedido del organismo provincial que intervenga y no hubo ningún pedido. La presentación de las adhesiones de las instituciones de la zona fue un pedido del intendente. Pidió precisamente que se acompañe a todo el expediente con la opinión de las instituciones para demostrar el apoyo. No es algo que tengamos que hacer nosotros ni era un requisito ‘sin equanom’, fue un decisión del intendente… La justicia sabrá que deberá hacer en este tema”, expresó la secretaria quien no dudó en continuar acusando a Estevao de estar realizando una operación política: “Se está equivocando, defiende solo a una minoría y no a todo el pueblo de Quilmes. Estevao debería dedicarse mas a defender al pueblo en vez de trabajar en cuestiones políticas, no quiere una mejora para la ciudad, desconoce la palabra urbanidad”, sentenció González.

La denuncia fue presentada el martes pasado en la justicia de Quilmes por lo que habrá que esperar a los procesos ordinarios hasta saber si son válidas las acusaciones del Defensor del Pueblo y como continuará la obra del bajo vías de Bernal.

 

18 de mayo de 2011