Los asesinos del heladero de Morón están libres y amenazan a su familia

La familia de Gustavo Guinch, el heladero asesinado de siete balazos hace un año en Morón, está desesperada. Es que los principales sospechosos de cometer el crimen, dos adolescentes que al momento del hecho tenían 16 y 17 años, fueron liberados la semana pasada, luego de permanecer encerrados 360 días sin condena, el tope estipulado por la ley de minoridad. Como el juicio no se realizó, quedaron excarcelados.

El problema es que los familiares de la víctima recibieron numerosas amenazas. “Les vamos a quemar la heladería por el año que se comieron adentro los pibes”, fue una de las advertencias telefónicas.

“Habíamos mandado a pedir custodia, pero la jueza no nos dio bolilla y lo derivó a la fiscalía 7, que es donde radicamos las amenazas. El lunes 29 los asesinos de mi hermano salieron a la libertad y el martes recibí los llamados, pero parece que tiene que haber otra muerte. Llaman por teléfono y antes de cortar se ríen”, denuncia Karina Guinch a 24CON. “Fui a hacer la denuncia –agrega- y me preguntaron cuál de los dos criminales me habían llamado”.

“A nadie le importa nada. La investigación terminó a mediados de año, luego de una excelente tarea del fiscal, que reunió pruebas contundentes que incriminan a los dos sospechosos, pero el juicio no se hizo. Tuvieron tiempo, pero la realidad es que llegamos a esta situación. Sabíamos que podía ocurrir, hicimos todo lo posible por evitarlo, pero fue en vano”, dijo Karina Guinch, hermana del heladero asesinado.

Los jóvenes están libres por disposición judicial, medida obligada por la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que impone excarcelar a menores pasados 360 días encerrados sin condena firme. La única restricción que les impusieron fue abstenerse de tomar bebidas alcohólicas y del uso de estupefacientes, además de tener que presentarse el primer viernes de cada mes. “Es todo muy absurdo. Son dos pibes acusados de matar, y de participar en infinidad de delitos. El mismo día que mataron a Gustavo, habían cometido siete robos”, contó Karina.

En torno a la necesidad de la familia Guinch de sentirse protegida, recién ayer hubo reacción del Departamento Judicial de Morón. Es que en el último tiempo recrudecieron las amenazas. “Se comprometieron a brindarnos seguridad en la heladería, la casa de mis padres y la de Gustavo”, dijo Karina, que también puso de manifiesto “la posibilidad de que los malvivientes se fuguen antes del juicio, que podría comenzar en marzo, con suerte”.

“Son pruebas firmes, al punto que sirvieron para que la justicia les mantuviera la prisión preventiva durante un año. El tema fue que se demoraron muchísimo para realizar el juicio oral y se cumplió el año. Entonces, los largan sin ninguna restricción, salvo la payasada de pedirles que no tomen, ni se droguen”, dijo Alicia Angiono, de la asociación Madres y Familiares de Víctimas (MAFAVI).

Para Angiono este tema de las excarcelaciones de menores en conflicto con las leyes penales no es nuevo. Lo sufre en carne propia desde que un menor, Juan José Pagnotta, mató a su hermano a sangre fría, también para robarle el auto. Tras el crimen, la mujer comenzó a tener contacto con el pasado del muchacho, y descubrió que la misma jueza del caso Guinch, Cecilia Drago, le firmó la excarcelación en reiteradas ocasiones.

“Nunca tuvo contención, seguimiento, nada, y a los 18 años de edad Pagnotta ya había matado a dos personas, asaltó violentamente a otras, terminando en 2004 intentando matar a otra a la que le quedó alojada la bala en el hombro y por eso se salvó. Ese año, sin embargo, también asesinó a Daniel Bogani en Castelar”, relató Angiono, que en 2005 denunció a la magistrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que recibir el rechazo de su planteo por parte de la Procuración provincial, para quien la magistrada siempre actuó a derecho.

Como se dijo, las familias anticiparon el problemático final y comenzaron a presionar a la justicia para que se realice el juicio oral en tiempo y forma, y no se cumpla el año sin condena, que determina la excarcelación inmediata de acuerdo a la ley. “Hicimos de todo, golpeamos todas las puertas. Intentamos que las autoridades nos ayudaran, pero no pasó nada. Ahora, sentimos que la justicia mató a Gustavo por segunda vez. Los criminales están libres, sin ninguna restricción seria, y con licencia para seguir matando”, dijo Karina Guinch, hermana de la víctima. En ese marco, el Centro de Protección a la Víctima, organismo dependiente del Ministerio de Justicia bonaerense, realizó un intento desesperado para impedir la liberación de los sospechosos. Con la firma de su titular, Alberto Palacios, la jueza Drago recibió una presentación el jueves pasado, un día antes de la excarcelación. “Manifestamos nuestra oposición a que se efectivice la libertad de los imputados en el homicidio, solicitando se disponga una prórroga de la detención hasta tanto se lleve adelante el juicio teniendo en cuenta la gravedad del delito que se investiga y los derechos de la víctima”, indicó Palacios en el despacho oficial, pedido que también fue ignorado.

“Parece que la justicia, al firmar la libertad, no tuvo en cuenta que esos menores, sin ningún tipo de contención, seguimiento, ayuda psicológica y social, ya que no hay profesionales designados, lugares de contención adecuados ni un presupuesto acorde para poder subsanar estas necesidades en el área de minoridad, seguirán poniendo en riesgo la vida de terceros y la suya propia”, cerró Angiono.

4 de diciembre de 2010

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