Vicente López: Las causas que pueden llevar al "Japonés" a la cárcel
La semana pasada los vecinos, muchos de los cuales acampan en el sector ribereño, arrancaron el alambrado que impedía el acceso a la costa. Paralelamente al acto que devolvió al municipio el acceso al parque, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Penal de San Isidro anuló la orden de desalojo con la que en mayo la municipalidad y la policía intentó expulsar del llamado Campo 3 a un grupo de Boy Scouts y al Círculo de Bicicross.
La anulación del decreto municipal que permitía los desalojos le da el visto bueno a la denuncia por “abuso de autoridad” presentada por un vecino abogado contra el Intendente. El jefe de gobierno comunal no tiene las facultades para decretar un desalojo, sólo puede impulsarlo un juez. Miguel Quintabani, quien promovió de la denuncia, explicó a 24CON como, en caso de ser procesado y condenado, el Intendente podría terminar preso: “Hay una denuncia penal, pero se refiere concretamente a la actitud que tomó cuando decretó el desalojo del Campo 3 porque le obstruía un tramo del Vial Costero”.
“Primero intimó a los Scouts y al Círculo de Bicicross para que abandonaran el predio. Ante la negativa firmó un decreto autorizando a un funcionario municipal a forzar el desalojo y hasta a utilizar la fuerza publica en caso de ser necesario. Y así fue, el 21 de mayo, hasta la policía obedeció como si se tratara de la orden de un juez” apuntó el letrado.
Primero se determinó que no se modifique la topografía. Hace unas semanas se declaró “ilegal” la decisión del juez Orlando Díaz, quien había ordenado el desalojo ya que se demostró que ni los Scouts ni los ciclistas eran usurpadores. Esta medida daría vía libre al pedido de procesamiento del jefe comunal. “La resolución refuerza el pedido de procesamiento de García por el abuso de autoridad. La cámara dice que ni siquiera el juez podía desalojar, menos el Intendente con un decreto. Desde el punto de vista jurídico no tengo dudas de que cometió el delito” expresó el Doctor Quintabani.
No obstante, el abogado sabe que la pena estipulada para estos delitos no es grave y hasta podría nunca aplicarse: “Si es encontrado culpable del delito de ‘abuso…’ es una pena muy leve: un año de prisión en suspenso y multa. El abuso se configuró con la firma del decreto, pero no se concretó, por lo que algunos pueden decir que fue sólo tentativa. Las condenas por Abuso y Corrupción son muy bajas, aunque hay proyectos para aumentarlas. Pero con una condena de la justicia, el Concejo Deliberante podría suspenderlo”.
El profesional, quien acompaña a los vecinos en contra de cualquier movimiento que ostente dañar la costa de Vicente López, opinó que el principal motor del Vial Costero son los negocios inmobiliarios: “Hay un proyecto para construir un shopping, es un negocio que empezó De Narváez, Carlos De Narváez, el hermano de Francisco. También se están construyendo seis torres de viviendas de muy alto precio, y todo estaría conectado por el Vial Costero. Inclusive, el Vial ya figuraba en los planos presentados por De Narváez en 2004 y todo el complejo fue diseñado por el mismo arquitecto: Roberto Carretero”.
Si bien los trabajos en el Vial Costero están suspendidos, y la justicia aún no dictó una sentencia firme sobre cual será el destino de los terrenos, el abogado junto con los vecinos espera que las investigaciones sobre el aparente abuso de autoridad del Intendente lleguen a buen puerto y ayuden a conservar la maltratada costa del Rio de la Plata en la zona norte del Conurbano.
Fuente: La Política Online
30 de noviembre de 2010
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