Agentes penitenciarios organizaban secuestros virtuales
Se trata de tres miembros de la fuerza que no cumplieron con su deber, al contrario, permitieron el ingreso de celulares, chips y módems al lugar, donde sólo se le permitía al director del mismo tener un teléfono móvil. Por esa razón fueron pasados a disponibilidad por el titular del SPF, Alejandro Marambio, tras el allanamiento realizado el martes pasado en el centro universitario del penal en cuyo sector de alojamientos de internos se encontraron 35 celulares, 4 módems y 11 chips usados para delinquir.
Esos penitenciarios "no habrían impedido la entrada de esos elementos prohibidos y tampoco evitaron su utilización", informó el SPF en un comunicado, luego de dos investigaciones paralelas realizadas por las fiscalías 15 de Lomas de Zamora y 3 de Morón.
La causa había comenzado el 16 de agosto pasado, cuando una mujer de 60 años fue detenida en la localidad bonaerense de Gervasio Pavón, partido de Morón, en momentos en que cobraba el rescate de uno de los falsos secuestros. Los investigadores determinaron que esos secuestros virtuales se organizaban desde el penal y los protagonistas eran reclusos que estudian carreras universitarias.
La causa por el secuestro virtual de Gervasio Pavón es investigada por el fiscal Claudio Oviedo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Morón, quien ordenó el primer allanamiento al penal de Devoto.
El 16 de septiembre pasado, el mismo penal de Villa Devoto fue allanado en otra causa por 11 secuestros virtuales realizados en la zona sur del Conurbano. En aquel operativo, cinco presos -dos de ellos estudiantes de Derecho- quedaron detenidos como integrantes de la banda y se secuestraron 71 teléfonos móviles y otros elementos que fueron utilizados en los hechos.
Los investigadores indicaron que la fiscalía de Morón no descarta que los imputados en la causa tengan relación con los secuestros virtuales de la zona sur que motivaron el primer allanamiento en la cárcel. El SPF indicó que también se dispusieron nuevas medidas de control con garantía del “acceso a la educación universitaria de la población penal y dentro del marco de un riguroso respeto a los derechos humanos".
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