El culebrón del glifosato que busca golpear a Pergamino

Un fiscal que lustra todos los días su medalla de paladín de la justicia (haber procesado al primo "pobre" del Presidente); que a su vez es hijo de otro fiscal, que si de verdad procesó al Presidente. Cuatro sojeros negligentes que fumigaron con agrotóxicos tierras aledañas a barrios carenciados.

Un ente estatal que mide la toxicidad del agua y que falla sobre si el líquido vital es apto para consumo humano o no. Y en el medio, como jamón del sándwich, un intendente de una ciudad estratégicamente ubicada en el corazón de la pampa húmeda de la Provincia más importante de la Argentina, cuyo principal cargo en su contra es ser "oficialista" en tiempos en los que el oficialismo pierde votos y simpatías.

Y para completar el berenjenal, entra en escena el máximo tribunal de justicia, que parece empeñado (después de los cambios en su cúpula) en fallar contra los intereses del gobierno nacional o los de la figura del Presidente.

En el medio, claro, cómo no podía ser de otra manera, está el periodismo. Que es manipulado por las distintas fuentes de las que recaba información. Sean las provenientes de la Justicia, cómo las que vienen de organismos públicos con rango de autoridad.

Ya presentados los actores centrales del culebrón, les pondremos nombre y apellido. El juez federal a cargo del juzgado federal de San Nicolás es Carlos Villafuerte Ruzo. El fiscal es Matías Di Lello y su padre el también fiscal Jorge Di Lello. Los cuatro sojeros son: Roces, Tiribó, Turín y Cortese. El ente estatal es el ADA (Autoridad Del Agua) que depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Los barrios pobres son Villa Alicia, Luard Kayad y La Guarida. El intendente es Javier Martínez de Cambiemos. El presidente es obvio Mauricio Macri. Y la Corte Suprema de la Nación no necesita presentaciones. 

El sainete se mantuvo dentro de los límites de Pergamino hasta ayer(16 de abril), cuando la mismísima Corte Suprema hizo público que el agua de los barrios Villa Alicia, Luard Kayad y La Guarida "contiene 18 agroquímicos y es un peligro para la salud". Lo firma el equipo de Toxicología de la Corte.

Y, casualidad o no, el informe de la Corte coincide con un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Balcarce. Justo el mismo informe que el fiscal Di Lello y el juez Villafuerte Ruzo habían auspiciado en su ofensiva contra los supuestos agroquímicos que estarían contaminando tres barrios de Pergamino. O sea, la Corte y Villafuerte Ruzo llegaron a la misma conclusión. Algo extraño, a priori, si tenemos en cuenta que la Corte demora años y hasta décadas para emitir un fallo, en general por falta de presupuesto.

Y es aquí donde comienzan las sospechas de operaciones políticas. Si la idea especialmente del fiscal es diseminar la idea de un Pergamino "capital nacional del glifosato", el plan cobra lógica. ¿Por qué a ningún otro juez de la Pampa Húmeda se le ocurre medir el nivel de agrotóxicos en el agua de cientos de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos o Córdoba? O solo los sojeros de Pergamino "contaminan"?

El intendente Martínez se defiende como gato entre la leña. Muestra a los medios los informes técnicos de la Autoridad del Agua, que juran y rejuran que el agua que provee su municipio a los habitantes de los tres barrios es "Apta para consumo humano". Y agrega que todo el servicio de agua de la ciudad es "Apta".

Pero como todo en la vida, depende dónde se coloque la vara. Di Lello y Villafuerte Ruzo parecen haberla colocado en estándares de "países escandinavos". Aún negando la existencia de parámetros de medición de la Autoridad del Agua. Es decir, desoyen la normativa argentina y de esta manera, los hombres de la Justicia estarían actuando fuera de la ley.

La ofensiva de Di Lello y Villafuerte Ruzo contra el intendente de Pergamino, al que por interposita vía acusan de no proveer a algunos barrios de agua para consumo humano, es si tendenciosa. ¿Por qué? Porque los particulares que fumigaron con glifosato los alrededores de los barrios en cuestión, fueron identificados por la gestión del intendente Martínez y multados por el municipio.

Quizás el núcleo de la cuestión sea político, pero lo único cierto es que si el fiscal Di Lello se empecina en plantear que los informes deben ser sobre "sustancias" (cambiando las reglas de juego) y no sobre la calidad del agua, nunca se podrá llegar a una conclusión válida.

La novela tuvo un golpe de efecto fuerte con el informe de la Corte, pero el intendente Martínez tiene una fortaleza: los dictámenes de la Autoridad del Agua.

Y agrega: " Le pedimos a algunos políticos (como si hablara de Di Lello y Villafuerte Ruzo, aunque los dardos parezcan dirigidos a la oposición que agita el tema en campaña) que no utilicen a los pergaminenses. Son los mismos que durante años no hicieron obras de infraestructura". Y para rematar, les disparó a los sojeros que fumigan sin control: "los vamos a perseguir y vamos a aumentar las penas a quienes incumplan las normas de fumigación".