La deuda de la Democracia
La deuda de la Democracia
¿Cuándo será el momento oportuno para sancionar una nueva ley de radiodifusión o de servicios audiovisuales?
Ahora o nunca? La respuesta, en realidad, es SIEMPRE.
Aquellos que desde hace años venimos impulsando y trabajando por la reforma de la ley, creemos que siempre es el momento oportuno y aquellos que defienden el estatus quo, sistemáticamente se oponen al tratamiento argumentando que este no es el momento o el gobierno es el inadecuado.
La actual Ley de Radiodifusión lleva las firmas de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. Sólo por ese hecho debería cambiarse, ya que significa una vergüenza que lesiona la memoria y la democracia de nuestro país.
Pero además, la ley vigente esta inspirada en la Doctrina de la seguridad nacional, que consideraba al ciudadano como un enemigo interno y a la información como una cuestión de seguridad del Estado. Esta ley se hizo cuando la TV era en blanco y negro y las FM no existían.
Llegamos al absurdo que aún está vigente el art. 96 de la ley, que establece que al COMFER lo gobierna un directorio formado por un Presidente y seis vocales: un representante del ejército, uno de la marina, uno de la fuerza aérea y uno de los servicios de inteligencia. Podríamos imaginarnos un Comité de Radiodifusión funcionando de esta manera? A mi se me caería la cara de vergüenza
Es decir que tanto desde el punto de vista ético, como también por la obsolescencia de sus normas, la ley debe cambiarse.
Entonces por qué tanta polémica cuando la Presidenta anuncia el fin de esta ley y el futuro debate parlamentario? La respuesta, sin dudas, hay que buscarla en los intereses creados.
Desde 1983 se presentaron 70 proyectos de Ley. Sólo uno tuvo despacho de Comisión y ninguno obtuvo, en estos 25 años, media sanción de ninguna de las dos Cámaras. Pudimos cambiar la Constitución, encarcelar a los genocidas, anular el indulto, pero no pudimos modificar la Ley de Radiodifusión.
Sin embargo, desde 1989, la Ley sufrió innumerable cantidad de cambios, casi todos por decretos de necesidad y urgencia de las empresas, que permitieron iniciar un proceso de concentración que hace peligrar el derecho a la libertad de expresión.
Quedaron fuera cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, Universidades y todos aquellos que para la dictadura podían significar un pensamiento peligroso.
La democracia aún no reparó este hecho y ya llegó la hora de hacerlo.
Cuando hablamos de radiodifusión hablamos de libertad de expresión, del derecho de dar y recibir información, de garantizar el derecho a la igualdad en el acceso a un medio. En definitiva, hablamos de ampliar el campo de la libertad.
El ámbito es el Congreso y allí se debe dar un debate público, de cara a la sociedad. Leyes como esta requieren de discusión y del mayor consenso posible. Ello no significa resignar posiciones ya que cada fuerza política se apoya en la legitimidad electoral con el juego democrático de mayorías y minorías.
Sí la nueva ley debe ampliar fronteras, promover la diversidad, incorporar los avances tecnológicos, sumar voces, fomentar la producción de contenidos locales y nacionales y fundamentalmente garantizar derechos.
Quienes se oponen al tratamiento, terminan sosteniendo una ley antidemocrática, o lo que es peor aún, siendo funcionales a la concentración.
Por eso, para consolidar la democracia necesitamos más democracia, para garantizar pluralidad se necesita incorporar a todos los actores sociales.
En definitiva, la nueva ley que se sancione deberá garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a los medios como forma de redistribución de la palabra.
¿Cuándo será el momento oportuno para sancionar una nueva ley de radiodifusión o de servicios audiovisuales?
Ahora o nunca? La respuesta, en realidad, es SIEMPRE.
Aquellos que desde hace años venimos impulsando y trabajando por la reforma de la ley, creemos que siempre es el momento oportuno y aquellos que defienden el estatus quo, sistemáticamente se oponen al tratamiento argumentando que este no es el momento o el gobierno es el inadecuado.
La actual Ley de Radiodifusión lleva las firmas de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. Sólo por ese hecho debería cambiarse, ya que significa una vergüenza que lesiona la memoria y la democracia de nuestro país.
Pero además, la ley vigente esta inspirada en la Doctrina de la seguridad nacional, que consideraba al ciudadano como un enemigo interno y a la información como una cuestión de seguridad del Estado. Esta ley se hizo cuando la TV era en blanco y negro y las FM no existían.
Llegamos al absurdo que aún está vigente el art. 96 de la ley, que establece que al COMFER lo gobierna un directorio formado por un Presidente y seis vocales: un representante del ejército, uno de la marina, uno de la fuerza aérea y uno de los servicios de inteligencia. Podríamos imaginarnos un Comité de Radiodifusión funcionando de esta manera? A mi se me caería la cara de vergüenza
Es decir que tanto desde el punto de vista ético, como también por la obsolescencia de sus normas, la ley debe cambiarse.
Entonces por qué tanta polémica cuando la Presidenta anuncia el fin de esta ley y el futuro debate parlamentario? La respuesta, sin dudas, hay que buscarla en los intereses creados.
Desde 1983 se presentaron 70 proyectos de Ley. Sólo uno tuvo despacho de Comisión y ninguno obtuvo, en estos 25 años, media sanción de ninguna de las dos Cámaras. Pudimos cambiar la Constitución, encarcelar a los genocidas, anular el indulto, pero no pudimos modificar la Ley de Radiodifusión.
Sin embargo, desde 1989, la Ley sufrió innumerable cantidad de cambios, casi todos por decretos de necesidad y urgencia de las empresas, que permitieron iniciar un proceso de concentración que hace peligrar el derecho a la libertad de expresión.
Quedaron fuera cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, Universidades y todos aquellos que para la dictadura podían significar un pensamiento peligroso.
La democracia aún no reparó este hecho y ya llegó la hora de hacerlo.
Cuando hablamos de radiodifusión hablamos de libertad de expresión, del derecho de dar y recibir información, de garantizar el derecho a la igualdad en el acceso a un medio. En definitiva, hablamos de ampliar el campo de la libertad.
El ámbito es el Congreso y allí se debe dar un debate público, de cara a la sociedad. Leyes como esta requieren de discusión y del mayor consenso posible. Ello no significa resignar posiciones ya que cada fuerza política se apoya en la legitimidad electoral con el juego democrático de mayorías y minorías.
Sí la nueva ley debe ampliar fronteras, promover la diversidad, incorporar los avances tecnológicos, sumar voces, fomentar la producción de contenidos locales y nacionales y fundamentalmente garantizar derechos.
Quienes se oponen al tratamiento, terminan sosteniendo una ley antidemocrática, o lo que es peor aún, siendo funcionales a la concentración.
Por eso, para consolidar la democracia necesitamos más democracia, para garantizar pluralidad se necesita incorporar a todos los actores sociales.
En definitiva, la nueva ley que se sancione deberá garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a los medios como forma de redistribución de la palabra.
Ex interventor del COMFER. Subsecretario General de la Presidencia
