Condenan a empresario por colaborar con la dictadura

 En un fallo histórico, la Justicia condenó a Marcos Levín -propietario de La Veloz del Norte- a 12 años de prisión por el secuestro y tortura de Víctor Cobos. Además, fueron condenados otros tres policías salteños, en el primer juicio en el que se entiende hubo intervención empresaria contra delegados y trabajadores durante la última dictadura cívico-militar.

El Tribunal Oral Federal de Salta condenó al empresario Marcos Levín, propietario de La Veloz del Norte (una empresa de transporte de pasajeros y encomiendas), tras entender su intervención y complicidad civil con respecto al secuestro seguido de tortura de uno de sus empleados, Víctor Cobos.

Esta historia, que ahora narraremos como comienza, termina con 12 años de prisión para Levín, en un fallo histórico que fue esperado durante 40 años. Además, otros tres policías de la comisaría 4ª de Salta, fueron condenados por el mismo hecho.

El juicio oral comenzó en septiembre del año pasado, tras incontables trabas y pedidos de nulidad por parte de las defensas. Si bien la pena es menor a la que había solicitado la querella y los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila, se festejó el haber condenado la intervención civil durante el proceso militar.

Los fiscales expresaron: "El fallo sienta un precedente histórico porque a partir de ahora se entiende que hubo una intervención de los empresarios en las prácticas del terrorismo de Estado".

La sentencia salió con los votos de los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Federico Santiago Díaz y la disidencia de Gabriel Casas, que se pronunció por una condena a tres años de prisión en suspenso.

Si bien Levín no es el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad, sí lo es en ser juzgado como co-responsable del aparato represivo de aquellos años.

El hecho se remonta a diciembre de 1976, cuando Víctor Cobos es secuestrado, junto a otros varios compañeros de La Veloz del Norte, quienes habían sido acusados de "estafa" por parte de la patronal, o sea, Levín.

Durante el debate, los fiscales marcaron que el objetivo central de la persecución fue el disciplinamiento de los trabajadores.

Para llevar adelante los secuestros, Levín aportó a las fuerzas de seguridad locales domicilios, datos sobre actividad gremial, listas de trabajadores, vehículos, personal, estructura física y "acción psicológica".

“Hoy mi hermano puede estar en paz porque uno de sus asesinos está sentenciado a doce años”, dijo Cobos sobre el escenario que montaron fuera del Tribunal las asociaciones de derechos humanos que se acercaron.