Comisaría clausurada, incendio feroz y nueve muertos

Carlos Ariel Corvera tenía 25 años. Murió después de agonizar 12 días, tras el incendio de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría. Desde ayer es el noveno fallecido de la peor masacre en comisarías de la historia argentina, uno de los presos que el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, prefería tener "amontonados antes que libres". Corvera estaba detenido por intentar robar (ni siquiera robar, que tampoco lo justificaría) una cortadora de césped que en un supermercado oscila en la friolera de 100 dólares. Ritondo ya estaba enterado de que ese amontonamiento infringe la ley: la 3ª donde se produjo la masacre llevaba años clausurada por la justicia y en enero de este año, el juez de Garantías Javire Maffucci Moore -el mismo que hoy está a cargo de la causa de las nueve muertes-, le ordenó "bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia que, por quien corresponda, se proceda de inmediato a desalojar los calabozos de la seccional sindicada".

En septiembre el gobierno bonaerense dio pruebas de su apuesta a la ilegalidad cuando Ritondo, en entrevista pública sostuvo su idea de que amontonar personas era sinónimo de detenciones. Pruebas al canto: la celda incendiada tenía tres por cuatro metros y 12 personas detenidas. Uno por metro cuadrado, de pie. El total de presos en la comisaría era de 27, incluyendo a un recién detenido, alojado en la cocina. El ministro de María Eugenia Vidal mantiene a la provincia en la cornisa del infierno: la peor masacre de la historia está acompañada por la cifra más alta de detenciones en seccionales, conocida hasta la fecha, 4042 presos.

Un corte radiográfico de la comisaría 3ª, a la fecha del incendio, el 15 de noviembre pasado, da cuenta de la situación de hacinamiento a la que estaban sometidos los detenidos: eran 27 en total. De esas 27 personas, 12 se encontraban en la celda 1, la de 12 metros cuadrados, o sea, una persona por metro cuadrado. Nueve de ellas fallecieron. Otras diez personas se encontraban detenidas en la celda 2. Otras cuatro en los buzones de castigo, y la última, como se mencionó, provisoriamente en la cocina.

El incendio no sólo podría haberse evitado si el hacinamiento no se hubiera aceptado o si la clausura ordenada hubiera sido cumplida, sino que se podría haber extinguido de inmediato sin consecuencias: el cuartel de bomberos está a una puerta de distancia. La perversión inunda el clima. PáginaI12 viene informando sobre la masacre, pero los muertos de la presunción de condena no fueron visibles como las piedras de un clásico que por ahora voltearon a un ministro porteño.

La peor masacre estaba anunciada. Un mes antes de que ocurriera, en octubre pasado, la Comisión Provincial por la Memoria, con la firma de su director de Justicia y seguridad democrática, Rodrigo Pomares, presentó un informe sobre comisarías bonaerenses clausuradas que seguían siendo utilizadas. En dicho informe, dirigido al Comité de Seguimiento Permanente Departamental de Lomas de Zamora, conformado por el presidente de la Cámara de Apelaciones, el fiscal general y el defensor general de la misma jurisdicción, la CPM informaba que cuatro de las comisarías de Esteban Echeverría (dependiente de Lomas de Zamora) estaban prohibidas de ser utilizadas por orden judicial, entre ellas la 3ª (localidad de Transradio), además de la 2ª de Luis Guillón, la 5ª de Canning y la de Nuestras Malvinas. Todas por encima de las 20 personas.

El 30 de enero pasado, el juez Maffucci Moore aprobó el habeas corpus presentado por la CPM en favor de los detenidos en la comisaría 3ª y envió la orden de desalojarla al jefe distrital de Esteban Echeverría, al titular del Centro de Operaciones Policiales de Monte Grande, y con cédula certificada al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. En ella ordenó el "inmediato desalojo de los calabozos" de la comisaría 3ª. El juez recordó que la clausura está dispuesta por el Tribunal en lo Criminal 5 de Lomas de Zamora desde el 11 de noviembre de 2011.

Los datos que surgen de la clausura son impresionantes y revelan el nulo valor que se le da a la vida, por encima de las condenas que pudieran corresponder a los detenidos que, por otra parte y para colmo, no tenían condena (ninguno de los alojados) sino que estaban detenidos para que se determine si efectivamente habían cometido algún delito o, si, como se viene denunciando cada vez que ocurre, la mayor parte son culpables de haber caído bajo el sensible olfato estigmatizante de los sabuesos policiales.

Ayer, Sandra Raggio, directora general; Margarita Jarque, directora de Litigio Estratégico; y Rodrigo Pomares, director de Justicia y seguridad democrática, de la Comisión Provincial por la Memoria, mantuvieron una reunión con familiares de las víctimas de la masacre. La reunión partía de la disposición del juez Maffucci Moore, del juzgado de Garantías 2 descentralizado de Lomas de Zamora (con sede en Esteban Echeverría) de aceptar como particular damnificado a la CPM en representación de las víctimas y sus familiares.

Ahora, aquel habeas corpus contra el inhumano estado de detención de una comisaría prohibida por su inhumano estado de detención (no es un error de sintaxis, es una tautología forzada por la ilegalidad del gobierno), se transformó en una herramienta de prueba de investigación que el particular damnificado pretende que sea incorporado a las hipótesis del fiscal Fernando Semisa, de la UFI 4 de Lomas de Zamora, según indican, especializada en Violencia Institucional, es decir, la sede adecuada para investigar no sólo cómo ocurrieron las muertes y la búsqueda de responsables directos (vale decir, la guardia del 15 de noviembre, y jefes de la comisaría), sino los responsables de haber desoído las alarmas, las denuncias, y las decisiones judiciales que ordenaron desalojar una comisaría prohibida para mantener personas encerradas dentro. La masacre de Pergamino, ocurrida en marzo de 2017 (siete muertos), trágicamente superada por la de la 3ª de Transradio, Esteban Echeverría, viene a confirmar que la hipótesis de responsabilidades no está tan alejada de la prueba del habeas corpus.

Carlos Corvera, que estaba detenido presuntamente por intentar robar una cortadora de césped, había recibido la excarcelación de parte del Tribunal Oral 10, mientras estaba internado en el hospital de Ezeiza.