La relación entre el Gobierno y el Fondo Monetario internacional, en esta nueva etapa, pareciera buscar una suerte de estrategia en la que se busca evidenciar la insostenibilidad de la deuda externa en las semanas previas al inicio formal de las negociaciones con los acreedores.
Medios especializados como Reuters y Bloomberg, citaron al ministro de Economía, Martín Guzmán, en su discurso en el Congreso, el cual no fue bien recibido por los acreedores.
El organismo comparte la visión del ministro Guzmán sobre la necesidad de presionar a los acreedores privados para que la deuda se vuelva "sostenible".
"Queremos pagar la deuda, pero no estamos en condiciones de hacerlo", aseguró Guzmán ante los legisladores.
Los inversores privados no saben de cuánto será la quita de la deuda, pero sí saben que el "enfoque de sostenibilidad" aplicado será "la frustración de los acreedores", en las propias palabras de Guzmán.
La gira del presidente Alberto Fernández por Europa y el seminario en el Vaticano -donde por primera vez un Papa le dice cara a cara al FMI en su casa que no se pueden pagar las deudas "con sacrificios insoportables" de los países-, buscaron los objetivos de conseguir apoyo para la postura argentina en las negociaciones con el FMI y el Club de París.
Según publicó Agencia Telam, respecto de los bonistas, con quienes hay que negociar un poco más de US$ 100.000 millones, no fue sino hasta la declaración de la reestructuración del bono AF20 y la presentación del plan-marco económico de Guzmán en el Congreso, que comenzaron a vislumbrar seriamente la amenaza de un default y la dimensión de la posible quita que anticipó el amigo y mentor de Guzmán, el nobel Joseph Stiglitz, en el Foro Económico de Davos.
Esta semana hubo acusaciones del Gobierno por la responsabilidad del FMI en la crisis. Así empuñaron palabra Cristina Fernández como de Guzmán.
El vocero del Fondo contestó que el FMI mantiene un seniority (orden de prelación) de la deuda, y que, entre las opciones que el organismo tendría para la Argentina para posponer pagos, no habría una quita.
Se dice que se podría aprobar otro programa que le diera un préstamo al país para repagar esa deuda, y no obligar a la Argentina a tomar fondos de otro lado, ni de reservas, ni de esfuerzos fiscales.
En todo el abanico del cual intervienen los protagonistas de esta deuda, nadie quiere el default de 2001. Parece ser que este enfoque de sostenibilidad de la deuda generó frustración en los bonistas, y preanunciaría quitas pronunciadas.
Se anunció además que no habría superávit primario hasta 2023. Los bonistas acusaron recibo pero negocian al 65% y 70%, niveles con precios más bajos de hace una semana, pero similares de diciembre de 2019, que incomodan a grandes fondos como Templeton, pero aún son poco atractivos para que los compren los fondos buitres.
Será clave que para que la reestructuración de la deuda sea exitosa, que Argentina consiga buenos acuerdos con Templeton (Blackrock, Fidelity).
Estos fondos ya demostraron su poder bloqueando y frustrando el canje del bono AF20. Pero se especula que a la larga aceptarían una reestructuración antes que un default.
Se señala que Templeton posee bonos argentinos con un valor nominal de al menos 4,3 mil millones de dólares.
En definitiva, lo que dice Guzmán es que sería imposible afrontar los pagos hasta dentro de cuatro años. La posible quita o no de capital se terminará de definir próximamente, aunque se admite que las probabilidades son altas.
Desde algunos medios especializados se especula con que si Guzmán dijo la verdad o no ante el Congreso, en virtud de generar una estrategia para bajar artificialmente el precio de los bonos antes de negociar. Aunque esto también generó una suba del riesgo país.
Lo cierto y real es que los títulos que antes operaban en 45 dólares, ahora bajaron a 40, y es posible que la tendencia continúe. El gobierno podría -en el mejor de los casos- llegar a tiempo con un 75% de aceptación. De no ocurrir, las opciones son seguir pagando con reservas después del 31 de marzo, reperfilar o entrar en cesación de pagos, escenario que nadie desea.
¿Cuánto podrá Argentina pagar deuda de capital e intereses por año? Es la pregunta que todos se hacen y nadie sabe responder con certidumbre.
Además se especula con que el 31 de marzo sería una fecha demasiado optimista para llegar a un acuerdo amplio con los acreedores, aunque el objetivo central es uno solo: evitar un nuevo default masivo, después de la gestión macrista que endeudó al país a niveles récord en su economía.