Sobre la pretendida cesión de Casa Amarilla al club que presidió Mauricio Macri, el legislador aconsejó ingresar a la web, donde hoy se reproducen fotografías y un mapa distribuidos por la oficina de prensa de Boca Juniors sobre el nuevo estadio que proyecta el club. "El mapa es por demás ilustrativo de la maniobra para obtener esos terrenos", remarcó.
Di Filippo formuló conceptos críticos al macrismo tras la reunión de la Comisión de Justicia a la que asistió el Procurador General de la Ciudad, Pablo Tonelli, donde se debatió la recusación masiva que el Gobierno porteño hizo contra el juez Roberto Gallardo.
El diputado, presidente de la Comisión de Vivienda, hizo durante esa reunión un repaso de la situación del juicio por Casa Amarilla y cuestionó la actuación de la Procuración General de la Ciudad en esa causa, ya que Tonelli, en nombre del Gobierno porteño, demandó por daños y perjuicios al juez Gallardo y a la Asociación Civil "Casa Amarilla".
"La decisión del juez Gallardo fue la consecuencia natural de los innumerables incumplimientos por parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad para con los habitantes de Casa Amarilla. La actitud del Gobierno de la Ciudad no puede tener otra explicación que la voluntad manifiesta de amedrentar a los jueces con la amenaza latente de ser demandados y recusados si no actúan conforme a los intereses del Poder Ejecutivo", remarcó el legislador de la Coalición Cívica.
Para Di Filippo, es "aún más grave la voluntad de intimidar a los habitantes y a las organizaciones sociales advirtiendo que si demandan por sus derechos al Gobierno de la Ciudad pueden ser contrademandados por éste en cualquier momento".
Ello no hace más que encubrir las obvias razones de naturaleza política que motivaron una intención manifiesta de disciplinar al juez Gallardo vaciando su juzgado por no ser funcional a los intereses del macrismo", dijo, tras lo cual recordó: "Eso mismo había intentado en su gobierno Aníbal Ibarra cuando pretendió destituir por juicio político a este juez que promueve el cumplimiento adecuado de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y sociales", agregó.